Desde que se dio a conocer la Ley de Presupuesto 2018 se ha generado gran revuelo por el aumento del gasto fiscal, el cual fue inesperado dado el contexto económico actual del país. Por lo mismo, llama la atención que en los recursos destinados a la educación, que crecieron en un 32% en comparación a los últimos 4 años, no se haya considerado la extensión en la subvención escolar que se estipula en la Ley de Inclusión Escolar para los sostenedores que decidieron pasar a ser corporaciones sin fines de lucro.
Dicha subvención debía aumentar de $8.300 a $10.700 por alumno matriculado. Contrariamente, el Gobierno decidió congelar el presupuesto destinado a los establecimientos particulares subvencionados que pasaron a la gratuidad sin haberlo transparentado en la ley aprobada. Esta decisión, que evidentemente perjudica a los establecimientos que confiaron en el gobierno de la Nueva Mayoría y a los mismos alumnos del país, demuestra una falta grave al compromiso adquirido por el Estado que oculta la irresponsabilidad con la que se ha gobernado y el voluntarismo ideológico que desatiende al sentido común y a la realidad económica.
Macarena Bravo, La Segunda, 14 de Octubre de 2017
