Por Jorge Jaraquemada
Publicado en El Líbero, 07 de abril de 2022
Una mirada a las experiencias constituyentes propiciadas por las izquierdas de América Latina en las últimas décadas muestra que todas ellas se han abstraído de respetar los roles que caracterizan a las constituciones, a saber: establecer una clara separación de poderes, consagrar el estado de derecho, y reconocer derechos y libertades individuales garantizando su ejercicio, para avanzar, en concreto, en rediseñar el ordenamiento constitucional con el propósito de concentrar el poder, debilitar los órganos típicamente representativos y desarticular los mecanismos de contrapeso que son típicos en una democracia, tales como el poder judicial, las cortes constitucionales, los órganos electorales y las contralorías. Es decir, se han propuesto quebrar los equilibrios institucionales y, en muchos casos, lo han logrado. El proceso chileno no está ajeno a estos mismos objetivos.
La crispación que reina actualmente en torno a los debates de la Convención Constitucional promovidos por las izquierdas más radicales se está zanjando en favor de quienes adhieren a esos propósitos. No es azaroso que se quiera mantener el presidencialismo pero establecer un legislativo unicameral con escaños reservados, aunque sea relegando en los hechos al Senado a una cámara sin atribuciones legislativas, o debilitar la independencia y autonomía del poder judicial sometiéndolo al control político. Tampoco es un albur que se busque instalar una democracia sustantiva, donde los partidos políticos sean reemplazados por orgánicas sociales flexibles y –por supuesto– afines a la izquierda. De ahí tanta insistencia en asimilar las organizaciones sociales a los partidos y en entregar escaños reservados a una pléyade de grupos indígenas, ecológicos, de género, etc. ¿O acaso recuerda usted alguno de estos grupos identitarios con representación en nuestra Convención que sea partidario del libre mercado o de blindar la propiedad privada?
Parece evidente que la intención de fondo no es distribuir el poder de manera más homogénea en la sociedad, sino acumularlo en algunas instituciones que luego permitan gobernar sin los contrapesos propios de la democracia, es decir, ejerciendo un poder total. Eso es lo que se ha visto en los países que ya han transitado este derrotero. Basta mirar las experiencias de Venezuela después de la aprobación de la Constitución de 1999, la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009, y las sucesivas reformas que las siguieron y que debilitaron significativamente sus mecanismos de responsabilización política. La consecuencia principal fue el socavamiento de sus instituciones democráticas, cuando no su completa demolición.
Lo que estos procesos constituyentes buscan es provocar un paulatino, pero persistente, resquebrajamiento de la democracia representativa, jugando un rol funcional en la precarización de la democracia, colaborando en la concentración del poder y en generar una fuerte dependencia política de los organismos que precisamente debían actuar para fiscalizar y contener el poder. Este no es un asunto menor. Nuestra tradición democrática sufre cuando se debilita la democracia representativa porque se rompe con el sistema político en general y, en especial, con los partidos políticos que son los principales actores institucionales de una democracia, pues representan la pluralidad de opiniones y recogen y encauzan los principios e intereses presentes en la sociedad. El decaimiento de los partidos políticos se ha manifestado en la abierta pérdida de sentido institucional que los ha llevado a actuar con obsecuencia frente a las voces que surgen desde las calles, levantadas por movimientos de una representatividad al menos cuestionable y que, en último término, no hacen sino expresar sus propios intereses particulares que no necesariamente están en consonancia con el interés general del país.
Pero, además, los movimientos y organizaciones sociales no cuentan con una jerarquía y estructura como las que caracterizan a los partidos, las cuales permiten que las decisiones y actos de sus militantes, sobre todo cuando éstos ocupan cargos de representación o son autoridades, sean sometidos a escrutinio público y a exigencias de rendición de cuentas. Seguir potenciando formas de organización que no están obligadas a responder ante la ciudadanía por el comportamiento de quienes integran esos colectivos, como fue el impresentable caso de Rojas Vade, sólo desacreditará más nuestra convivencia y estimulará la conflictividad.
