Jorge Jaraquemada
Publicado en Diario Financiero, 13 de abril de 2022
A fines de 2019, promesa fue que con una nueva Constitución se superarían los conflictos, habría paz y se construiría la «casa de todos». Dos años después, esa promesa se ha derrumbado. Lo que se está construyendo es la casa de ambientalistas, feministas, minorías sexuales e indígenas, donde el chileno común no tiene cabida.
Grupos radicales hegemonizan la Convención, y como alcanzan los 2/3 exigidos para que sus propuestas sean incorporadas en el texto que será sometido a plebiscito, hoy toda institución política y económica está amenazada de sufrir un profundo rediseño o incluso ser eliminada. Varias normas aprobadas por sus comisiones -o por el pleno- socavan o reemplazan instituciones básicas del país, las mismas que permitieron a Chile alcanzar un buen nivel de desarrollo económico y social.
Dos comisiones muy activas han sido la de Derechos Fundamentales, por un lado, y Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, por otro. El orden de prelación en que esta última ordenó sus temas da claros indicios sobre la relevancia que les asigna. La primera, a propósito del derecho de propiedad, aprobó que «Los títulos que habiliten la prestación de los servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho». Mientras que la de Medio Ambiente acordó que «El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas respecto de los bienes comunes naturales que la Constitución determine… No habrá derechos de propiedad sobre dichas autorizaciones».
Si estas normas son aprobadas por el pleno, se acabará el derecho de propiedad sobre bienes incorporales como las concesiones, sean viales, mineras o cualquiera otras, provocando un desbarajuste mayúsculo en nuestro sistema jurídico con repercusiones económicas, pues hasta ahora se entendió que las concesiones eran un bien incorporal susceptible de propiedad y amparado por una tutela judicial efectiva, por ejemplo, a través de un recurso de protección. La condición en la que quedarían las concesiones administrativas sería extremadamente precaria.
Si agregamos que el derecho de propiedad será bastante menos vigoroso de lo que está concebido en la actual Constitución, los efectos económicos perniciosos se ampliarán. Considérese que la comisión de Derechos Fundamentales propuso que en adelante sea la ley y no la Constitución quien determine los criterios para definir «el justo monto del pago, su forma y oportunidad» en caso de expropiación, dejando a los propietarios en una evidente incertidumbre jurídica. Por su parte, el pleno ya aprobó el principio precautorio en materia ambiental, lo que significa que los proyectos económicos deben otorgar «total certeza» que su realización no no provocará daños al medio ambiente. Es obvio que ningún proyecto podrá garantizar este nivel de certeza, empantanando su ejecución.
En suma, imaginemos una empresa de obras viales que tiene un proyecto para construir un puente o una carretera: no será dueña de la concesión, no tendrá amparo judicial efectivo y, además, deberá dar absoluta certeza de que no dañará el medio ambiente. ¿Cuántos tendrán el espíritu para intentarlo?
