Por Jorge Jaraquemada
Publicado en El Mercurio, 09 de junio de 2022
El Gobierno ha insistido —y se ha estancado—en su disposición a dialogar en el conflicto de La Araucanía, incluso con grupos armados que no se sienten parte de nuestro Estado y que tampoco consideran el plurinacionalismo plasmado en el borrador constitucional como un avance en caso de que se apruebe. A la vez, se ha negado a querellarse contra las «declaraciones» de los líderes de la CAM, Héctor Llaitul y José Huenchunao, aun cuando uno llamó a resistir con las armas y el otro amenazó con tomarse los colegios de la zona como forma de agresión al Estado chileno.
Estamos ante excusas y ambas develan debilidad, contradicción y renuncia del Gobierno a ejercer su mandato. De un lado, el diálogo es una plataforma de búsqueda de entendimiento, pero el Gobierno —que sabe que su contraparte armada no está dispuesta a marginar la violencia ni a renunciar a su declaración de guerra contra el Estado chileno— lo utiliza como un dispositivo de aplazamiento que busca esconder su paralización y debilidad, mientras el país paga las consecuencias del avance diario del terrorismo en la zona. De otro, sabemos que las palabras denotan y connotan. El mismo Gobierno se ha esforzado en demostrarlo con el perseverante impulso de su agenda de lenguaje de género. Por eso, reducir las amenazas y delitos que vienen desde la CAM a una neutralidad discursiva resulta contradictorio e irrisorio.
Gobernar no se trata de caer bien sino de hacer el bien. Por eso, negarse a proteger a la ciudadanía ante la amenaza paramilitar en La Araucanía es renunciar a gobernar.
