La deliberación constitucional optó por sustraer de la Carta Fundamental el concepto de superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema respecto de todos los tribunales de la nación, para entregarle potestades absolutas e imposibles de revisar a un nuevo órgano: el Consejo de la Justicia. Este, si bien tiene por finalidad velar por la independencia de los jueces, contará con poderes que lo transformarán en una amenaza cierta y directa a ese valor, crucial para la resolución de las controversias con arreglo a la ley, y para la salvaguardia de la democracia.
