Por Daniela Carrasco
Publicado en La Gaceta, 12 de agosto de 2022
La opción “Rechazo” la nueva Constitución se ha mantenido como la posición ganadora en los sondeos durante los últimos meses. Por ello, desde el oficialismo chileno se han empujado numerosas estrategias para posicionar a la alternativa “Apruebo”, lo que ha resultado en un descarado intervencionismo electoral por parte del gobierno frenteamplista. Una de estas tácticas ha sido levantar el discurso de “Aprobar para reformar”. Sin embargo, numerosas voces han demostrado que esto es un engaño porque, en caso de que ganase dicha opción, no hay una real voluntad de modificar la eventual nueva constitución.
La propuesta constitucional presentada por la Convención Constitucional —disuelta el pasado 4 de julio—, es objetivamente mala. Pues, representa un completo retroceso en los avances que ha logrado Chile durante las últimas décadas, ya que desplaza a la persona humana como su centro y pone en relevancia el medioambiente y a los animales como supuestos sujetos de derecho; consagra constitucionalmente el aborto y la eutanasia; debilita el derecho de propiedad; la familia ya no es el núcleo fundamental de la sociedad y la desplaza en la educación de sus hijos; se acaba el derecho a elegir en materia de salud; hay reglas distintas para los pueblos indígenas y chilenos con el pluralismo jurídico; se amenaza la independencia del Poder Judicial; se afecta a la autonomía del Banco Central; entre numerosas otras razones.
Con todo, si nos ponemos en el escenario de que la propuesta constitucional llegase a ser aprobada, requerirá de un quórum de dos tercios para que pueda ser reformada por el actual Congreso —elegido en noviembre pasado y cuyos parlamentarios estarán en el cargo durante cuatro años—.
Empero, cuando se genere la próxima elección, el Senado dejará de existir, mientras que la actual Cámara de Diputados pasará a ser el “Congreso de Diputadas y Diputados”. Por otro lado, se creará una “Cámara de las Regiones” que solo verá leyes regionales. Asimismo, se finaliza la iniciativa de ley exclusiva del presidente, y los vetos presidenciales podrán ser desechados por el nuevo Congreso si lo desea, solo con un acuerdo de mayoría simple. Por tanto, en la práctica, el Congreso será asimétrico y, si bien se sostiene que habrá un sistema presidencialista, en la práctica sólo es de carácter nominal.
En dicho escenario, el Congreso tendría una composición muy parecida a la que tuvo la Convención Constitucional, porque tendrá escaños reservados para indígenas, además sus miembros se deben regir por paridad y por normas que, finalmente, favorecen a los independientes. En consecuencia, tal como ocurrió con la Convención Constitucional, habrá sectores que estarán sobrerrepresentados, permitiendo que grupos radicales incidan en el proceso legislativo.
Las distintas encuestas siguen sosteniendo que hay una distancia de al menos 10 puntos, dando por ganadora la opción «Rechazo». Y si bien, a estas alturas es complejo que gane el Apruebo, aún queda un poco más de 3 semanas para el plebiscito donde ambas alternativas están desarrollando sus estrategias.
La franja electoral recién comenzó el pasado viernes 5 de agosto, destacándose en la del Apruebo la presencia de políticos y actores profesionales, mientras que la del Rechazo ha sido protagonizada por ciudadanos lo que ha sido percibido de manera más positiva. No obstante, la extrema izquierda se ha desplegado territorialmente de manera más contundente que el Rechazo, sumado al intervencionismo descarado por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric.
En esta misma línea, distintos voceros del Apruebo han invitado a los indecisos a que aprueben, porque se comprometen a reformar distintas materias. Incluso, el mismo presidente Boric dijo que el proyecto constitucional “es perfectible”. Pero si gana el Rechazo, el mandatario frenteamplista sostuvo que “tiene que haber un nuevo proceso constituyente”.
No obstante, ante las intenciones de Boric de asegurar que el texto será reformado en caso de aprobarse, distintas figuras del oficialismo descartan rápidamente esta premisa. Revisémoslas brevemente:
Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, sostuvo que “no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas —reformar el texto si ganase el Apruebo—, porque en esto tendrá que haber debate popular”. Además, aseguró que el 99% del texto de la propuesta constitucional se debe mantener.
Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, junto a exconvencionales y dirigentes indigenas exigieron aprobar “sin condiciones”.
Igualmente, Marcos Barraza, quien fue convencional del Partido Comunista, señaló que “Si se aprueba la nueva Constitución hay que implementarla antes de pensar en cambiarla”.
Gael Yeomans, diputada frenteamplista, manifestó que si gana el Apruebo «no se puede cambiar la Constitución completamente»
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, dijo que “en este minuto no veo prioridad en cambiar cosas de la nueva Constitución”.
Así, se cae rápidamente la supuesta garantía de que, en caso de que ganase el Apruebo, se puede reformar. No solo lo demuestran las voluntades de quienes apoyan dicha alternativa, sino que como quedó consignado el mismo texto dificulta esta labor.
Igualmente, es problemático que Boric y miembros de su círculo cercano sostengan que, si gana el Rechazo, el proceso constituyente continuará. Porque, cuando se firmó el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, en noviembre de 2019, las reglas eran claras: si en el plebiscito de salida ganase la opción Apruebo, se reemplazaría la Constitución vigente por la propuesta de la Convención Constitucional; mientras que si ganase la opción Rechazo, se mantendría la actual Constitución.
Desde luego, si gana el Rechazo los problemas y conflictividades no se acabarán en Chile. Pero, al menos, pone freno a la extrema izquierda y detiene que la institucionalidad chilena como su sistema político y económico se deterioren por completo. Pero hay que poner ojo en que los sectores del Rechazo, heterogéneos y transversales, se abran a otro proceso constituyente simbolizado en una nueva Convención Constitucional.
Lo más sensato a esta altura pareciera ser que la Constitución vigente se reforme dentro del mismo Congreso, por lo que no se necesita ningún pacto ni declaración de intenciones para su realización. Así, no solo se previene de seguir despilfarrando dinero fiscal en malos convencionales —como ocurrió—, quiénes, lo más probable, entregarán nuevamente otro mal texto.
Por tanto, los niveles de incertidumbre se reducen y se puede volver, poco a poco, a traer el péndulo al sentido común que reconozca la dignidad y libertad de la persona, y que no haga diferencias antagónicas entre chilenos e indígenas, entre hombres y mujeres ni heterosexuales y diversidades-disidencias, entre tantas otras que impulsa el texto que será plebiscitado el 4 de septiembre.
