Por Daniela Carrasco
Publicado en La Gaceta, 18 de agosto de 2022
Quedan 17 días para el plebiscito en el que los chilenos decidirán si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitución. No obstante, a estas alturas, lo más probable es que gane la opción Rechazo, tal como han demostrado distintas encuestas. Dado este escenario, y a pesar de que el Gobierno frenteamplista ha hecho un intervencionismo electoral desvergonzado, desde el oficialismo se ha adoptado la idea de que el proceso constituyente debe continuar a pesar de que las reglas son claras: si gana el Rechazo, se debe mantener la Constitución vigente.
“Aprobar para reformar” fue la iniciativa desde el oficialismo para tratar de dar garantías a los chilenos indecisos de que, si gana el “Apruebo”, cambiarán 14 de 445 artículos (incluyendo los transitorios) de la propuesta constitucional. Este acuerdo, presentado la semana pasada, tal y como sostiene el cientista político e investigador de la Fundación Jaime Guzmán, José Ignacio Palma, en la práctica solo representa modificar 3,15% del texto, por lo que no cabe duda que esta consigna es un engaño que tiene fines electorales.
En caso de que gane la opción Apruebo, como indica Palma, no hay una real voluntad de modificar los artículos más problemáticos. Por ejemplo, en temas de expropiaciones, se propone el “precio justo” en lugar del precio de mercado como está establecido actualmente en nuestra legislación; no se restituirá el Senado como un contrapeso a la Cámara de Diputados; no habrá libertad de elegir en materia de Salud; el acuerdo no se pronuncia en la restitución de tierras para indígenas; el voto será desde los 16 años y los presos podrán votar; el aborto seguirá consagrado como libre, sin límites; las juntas de vecinos estarán atadas a las unidades vecinales; habrá autorizaciones revocables sobre el uso de aguas con preferencia para indígenas; no se restituye el carácter militar de las policías; el Banco Central verá amenazada su autonomía. Además, tal como afirma el analista político, en dicho acuerdo no se busca cambiar los quórums para su eventual reforma y para cambiarla se requiere de una asamblea constituyente.
Lo anterior, se suma a las distintas declaraciones del oficialismo que evidencian que no hay una real voluntad de reformar la propuesta de nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo.
No obstante, no deja de parecer curioso que, en la otra vereda, haya voces dentro del Rechazo —sector que se ha caracterizado por su heterogeneidad y transversalidad— que también están empujando que, tras el plebiscito, y en caso de que gane dicha opción, se debe continuar con el proceso constituyente. Este es el caso de los senadores de la Democracia Cristiana (DC) —partido de centroizquierda en Chile—, Ximena Rincón y Matías Walker, quienes lideran la iniciativa que busca modificar el artículo N°142 de la Constitución vigente, con discusión inmediata, para permitir un nuevo plebiscito de entrada si gana el Rechazo.
La propuesta contempla, además, que el presidente chileno ingrese al Congreso una reforma constitucional para que se defina el mecanismo para generar otra propuesta de nueva Constitución, la que debe presentarse dentro de los siguientes 15 días seguidos después del 4 de septiembre, y cuenta con 30 días para concluir su tramitación y promulgar dicha reforma. Esto se suma al reciente proyecto de ley aprobado la semana pasada que rebajó el quórum para las reformas constitucionales de 2/3 a 4/7.
Asimismo, se establecen otros puntos, tales como que sea “democrático”, “paritario”, que haya “participación e inclusión ciudadana” en la discusión constituyente —incluyendo a población indígena—, que exista “difusión” del proceso y que cuente con “conocimiento especializado”, es decir, que haya expertos en materia de derecho constitucional que dialoguen con la ciudadanía.
Esta iniciativa fue presentada durante el día miércoles a Giorgio Jackson, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), quien indicó que esta propuesta coincide con las intenciones del presidente frenteamplista, Gabriel Boric.
Cabe destacar que Jackson ha estado bajo el ojo de la Contraloría durante el último tiempo por frases y acciones que develan intervencionismo electoral. Así, durante la semana pasada, la institución fiscalizadora dictaminó que Jackson “no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito”. Tras esta situación, distintas voces han solicitado la renuncia del ministro de la Segpres y mano derecha del presidente Boric.
Con todo, que el Gobierno frenteamplista haya aceptado esta iniciativa deja a la opción Rechazo mejor parada a un poco más de dos semanas de realizarse el plebiscito. Pues, implícitamente está dando como ganadora a dicha alternativa. Esto puede generar que los ánimos dentro del Apruebo sigan disminuyendo, o que, por el contrario, sigan poniéndose más agresivos como se ha visto últimamente cuando han cancelado a distintas figuras que han dicho abiertamente que su opción es el Rechazo, tal como ha ocurrido con el actor chileno Álvaro Rudolphy, quien ha sufrido un fuerte bullying por parte de su gremio.
Sin embargo, la iniciativa de los senadores de la DC presenta un gran problema. Cuando se firmó el Pacto por la Paz Social y la Nueva Constitución en noviembre de 2019, las reglas fueron claras: si gana el Apruebo, se implementará la propuesta constitucional de la Convención Constitucional; pero si gana el Rechazo, se mantendrá la Carta Magna vigente.
Esto recuerda cuando la DC apoyó a Salvador Allende tras las elecciones presidenciales de 1970, quienes creyeron que, si él firmase una garantía de que respetaría la Constitución y el Estado de Derecho, respetaría la democracia y la separación de poderes. Por tanto, hay que poner ojo a iniciativas que puedan surgir de buenas intenciones pero que, en la práctica, pueden ser más perjudiciales que beneficiosas para los chilenos.
Esto no implica que, en caso de que gane el Rechazo, la Constitución vigente no pueda sufrir reformas, ya que los textos constitucionales son dinámicos y permiten su reformulación. Y, para esto, no se necesita firmar ningún pacto, ni instalar otro plebiscito de entrada ni elegir otro órgano constituyente, pues, el mismo Congreso puede hacer modificaciones considerando —además— que el quórum para su reforma ya se bajó a 4/7.
En definitiva, los chilenos se han cansado de la incertidumbre, polarización y violencia que ha dominado al país desde el 18-O y que se ha profundizado con el proceso constituyente caracterizado por un paupérrimo desarrollo y resultado.
Por tanto, que se abra otro proceso constituyente (simbolizado en un órgano como la Convención Constitucional) es permitir que todo lo anterior —incertidumbre, polarización y violencia— no cese. Las materias más urgentes que se deben resolver para los chilenos son la delincuencia y los niveles de violencia asociados que han aumentado drásticamente el último tiempo; la insurrección en la macrozona sur y la conflictividad por la inmigración irregular en la frontera norte; como también la inflación y el costo de vida.
Al punto anterior, se suman los temas pendientes en salud, educación y pensiones los que no se solucionan ni aprobando la propuesta de nueva Constitución ni con otra Convención Constitucional si gana el Rechazo. Al contrario, se puede lograr solucionarlos con medidas, políticas y voluntades claras.
En suma, tras todo lo ocurrido en el proceso sociopolítico en curso, lo más sensato es mejorar la Carta Magna, como también las leyes y las políticas públicas, ya que no todo se soluciona reestructurando la Constitución, para que así, finalmente, volvamos a traer el péndulo hacia el sentido común alejado de todo populismo.
