Por Jorge Jaraquemada
Publicado en CNN Chile, 28 de julio de 2023
Durante su gira por Europa —mientras en el país conocíamos del inusual robo sufrido por el ministerio que encabeza Jackson en medio de la investigación judicial del Caso Convenios—, el presidente realizó varias intervenciones públicas. Unas más felices que otras. Con relación a Chile, resultan de interés dos temas.
El primero se refiere a un giro respecto de su posición sobre el significado de las últimas tres décadas en nuestro país. Sorprendentemente, señaló que “somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos 30 años, desde la vuelta de la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo (…)”. Sorprenden estas palabras porque contradicen sustancialmente el discurso sobre el cual había construido su proyecto político desde que era dirigente universitario y luego siendo diputado. En efecto, Boric sembró el relato que lo acompañaría hasta su triunfo presidencial a base de un espíritu refundacional que despreciaba acerbamente los últimos treinta años.
Y en el momento de mayor crisis sociopolítica desde el retorno a la democracia, en la revuelta de 2019, él y su coalición avalaron soterradamente la violencia, intentaron encubrirla de “protesta social” e interpelaron a gritos a policías y militares que cuidaban calles y recintos críticos de las turbas que querían quemarlo todo. Se negaron a entregar más herramientas a Carabineros de Chile para hacer frente a la anomia. Por el contrario, el Frente Amplio y el Partido Comunista plantearon su refundación. Luego, ya como presidente, Boric indultó a personas acusadas de cometer graves delitos durante la revuelta, cuyas consignas giraban en torno al menosprecio de los acuerdos y a lo realizado en los últimos 30 años.
Luego que el canciller calificara este curioso cambio presidencial como una evolución de su opinión, el mandatario volvió a sus andanzas y afirmó —en un contexto de búsqueda de inversionistas— “creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver nuestros problemas en la sociedad”, añadiendo que parte de él quiere “derrocar el capitalismo”. Tal vez sea la perseverancia de su ánimo de enterrar el neoliberalismo o tal vez la cercanía de conmemorarse los 50 años del quiebre institucional de 1973, lo que lo alienta a retomar el derrotero inconcluso del gobierno de la Unidad Popular. Sea como sea, es difícil proyectar confianza entre tanto giro discursivo.
El segundo tema importante de la gira fue la curiosa invitación presidencial a todo el espectro de partidos para firmar una declaración en la que se acordara que “un golpe de Estado es inaceptable”. Lo curioso se funda en que su llamado a la unidad fue seguido de un gesto que la contradice. En efecto, días después entregó un reconocimiento al juez Baltazar Garzón, quien avaló las pretensiones marítimas de Bolivia contra el Estado chileno y marchó junto a la nefasta “primera línea” durante la revuelta de 2019. Este gesto choca con el sentido unitario que implica convocar a un acuerdo —más allá de las diferencias que pueda haber de forma y fondo— y, en la medida que la política exterior de nuestro país se entiende como una política de Estado, el reconocimiento a Garzón burla esa tradición y lo hace pretendiendo representar al país.
Con todo, desde que La Moneda anunció un programa para conmemorar los 50 años del 11 de septiembre de 1973, las señales y presiones surgidas al interior del oficialismo no han sido auspiciosas para el horizonte de diálogo y reflexión que debería tener una instancia de esta relevancia histórica como puente clave para la reconciliación. Desde el principio, el foco se ha puesto en lo ocurrido desde aquel día en adelante, es decir, se ha centrado en el gobierno militar y en las violaciones a los derechos humanos. Los avances en justicia y reparación son evidentes y deben continuar. Nadie discute eso. Sin embargo, la negativa de someter a escrutinio la figura política de Salvador Allende, su responsabilidad en la crisis que nos aquejó y que terminó en el colapso de nuestra democracia —en la que históricamente ha perseverado la izquierda chilena— impide una comprensión acabada de lo que nos ocurrió como país durante la UP y que culminó con la intervención militar. Comprender implica dialogar con diferentes interpretaciones sobre la crisis que la precedió. La renuncia de Patricio Fernández a la coordinación de este programa de conmemoración constata con claridad la ausencia de disposición al diálogo y a la reflexión.
El presidente, sea por los motivos que sea, se contradice una y otra vez en materias que no son periféricas. Ha buscado hasta el cansancio compararse con Allende, así como también posicionarse como una voz en la región. Sin embargo, nada de esto será suficiente a su hoy lejano objetivo de mostrarse como estadista si es que no es capaz de convencer en dos temas tan importantes como los aquí mencionados, lisa y llanamente, porque estos temas son los que lo definen y lo situarán o no en la historia.
