En el contexto de escasez hídrica actual, el régimen jurídico de las aguas ha dado mucho que hablar en nuestro país. Chile, por su diversidad geográfica, posee una de las reservas más grandes de agua dulce en el mundo, pero ha sido uno de los países más golpeados por la sequía. Además, aún se mantienen vivos los recuerdos de la Reforma Agraria de la Unidad Popular, que trajo el desdibujamiento de su histórico sistema de derechos de aguas. Por último, a esto se le suma la gran reforma al Código de Aguas, aprobada en 2022, y que vio la luz después de once años de tramitación en el Congreso. Sólo este largo periodo de discusión denota la importancia que ha adquirido la materia en la vida pública nacional.
Es en este contexto en que se insertan los procesos constitucionales sucesivos. Uno buscó, guiado por una minoría vociferante, eliminar la rica tradición normativa que tienen, los derechos de aprovechamiento de aguas. Rechazado ese intento refundacional, es de esperar que la discusión constitucional de 2023 aprenda de dichos errores, y actualice prudentemente el régimen de las aguas, pero mantenga su esencia. Sólo así se podrán mantener los avances del Código de Aguas, y hacernos cargo de la escasez hídrica, pero sin poner en jaque la seguridad jurídica que los miles de titulares de aprovechamiento de aguas merecen tener.
