Por Jorge Jaraquemada
Publicado en CNN Chile, 30 de noviembre de 2023
El proceso constitucional que se dirime en unos días, se aleja del anterior tanto por el comportamiento moderado de quienes detentaron la mayoría en el Consejo, como por la sensatez de sus contenidos. Este ciclo no se cerrará cualquiera sea el resultado del plebiscito.
Si se impone la opción “En contra” las izquierdas seguirán avanzando, testarudamente, hasta encontrar el momento propicio para insistir con el texto constitucional de sus sueños, que se les escapó de las manos, debido a su maximalismo refundacional, en el plebiscito de septiembre de 2022. Para cerrar este ciclo es preciso votar “A favor”.
El 18 de octubre de 2019 hubo un conato insurreccional que desencadenó una escalada de violencia en diferentes dimensiones que la nueva elite política venía avalando desde antes, primero implícita y luego explícitamente. Quienes eran parlamentarios entonces y que ahora nos gobiernan se opusieron a todas las medidas para enfrentar la anomia que atravesamos e incluso intentaron destituir al presidente Piñera y a varios de sus ministros.
Mientras tanto, en las calles la ciudadanía sorteaba las humillaciones y restricciones a sus derechos que le imponían “el que baila pasa”, “la primera línea” y “los batallones de ciclistas”. El país era rehén de grupos violentos que no creen en la democracia y que siguen buscando sobrevivir en las calles y universidades.
La centroizquierda rápidamente se plegó al relato que denostaba los 30 años en que ella había gobernado. Se expresaba así su capacidad de mimetizarse con la izquierda radical y su debilidad de carácter.
En los últimos cuatro años las izquierdas no han honrado los pactos. Ni aquellos tácitos de convivencia cívica en democracia, ni los explícitos suscritos por sus representantes. Esta conducta veleidosa es la que hace necesario cerrar este ciclo constitucional.
Ejemplos abundan. Días antes de que se firmara el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, el 12 de noviembre de 2019, todos los partidos de centroizquierda suscribieron, junto a la izquierda radical, una declaración que decía que los ciudadanos movilizados han establecido “por la vía de los hechos” un proceso constituyente.
Al aludir a la vía de los hechos, o sea a la violencia que asolaba el país, estos partidos —tal vez algunos sin saberlo— parafraseaban a Marx, invocando que la violencia sería “partera” de una nueva Constitución. La centroizquierda otra vez se mimetizaba dócilmente con el radicalismo.
Durante el primer proceso constitucional las izquierdas no trabajaron para restablecer la paz social ni construir la “casa de todos” que habían pregonado insistentemente. Por el contrario, viéndose con amplia mayoría en la Convención para escribir por sí solas un nuevo andamiaje institucional, padecieron de una fiebre ideológica y se dedicaron a promover una serie de normas que dividían al país (plurinacionalidad, indigenismo, fragmentación regional) y que debilitaban los equilibrios y contrapesos institucionales propios de las democracias representativas (eliminación del Senado, múltiples sistemas paralelos de justicia).
Ninguna alerta ni llamado a la sensatez o al sentido común fue suficiente. Poco les importó el daño que esta propuesta habría causado al país si se hubiera aprobado. Todos los partidos de la centroizquierda —con excepción de algunos de sus líderes— se mimetizaron con el ideologismo más radical y trabajaron con ahínco y con un fervor casi religioso para que ese texto refundacional fuera aprobado.
Luego las izquierdas participaron del acuerdo en el Congreso que habilitó el segundo proceso constitucional y estableció resguardos para impedir los desbordes y excentricidades que abundaron en la Convención. Prestaron su anuencia a las bases institucionales —donde se consideró el Estado Social y Democrático de Derecho, tan caro para ellas—, al Comité de Admisibilidad, a la Comisión Experta y al Consejo Constitucional.
Ninguno de estos resguardos, que aseguraron para todos unos procedimientos perfectamente democráticos, fueron suficientes. Tampoco que el texto cuente con la bendición de la Comisión de Venecia. El problema es que su contenido no les gusta porque no se subordina a su ideología.
Es una lástima, pero son las reglas de la democracia. Con todo, lo más preocupante es que se han embarcado en una campaña de imputaciones falsas para criticar los contenidos del texto. Por esta vía tramposa quieren evitar un triunfo de la opción “A favor”. En esta campaña nuevamente los partidos clásicos de la centroizquierda se han mimetizado con el radicalismo.
Además, las izquierdas están en una situación imposible que las irrita y, a ratos, descontrola. Frustradas sus aspiraciones constitucionales, están “En contra” de la nueva propuesta, lo que implica mantener vigente la actual Constitución que siempre han considerado ilegítima.
La “Constitución de los cuatro generales” ahora es simplemente la “Constitución de Lagos”. Más allá de las irrisorias justificaciones para desdecirse de lo que afirmaban hace tan solo un año, es increíble que aseguren que ahora sí les acomodará gobernar ciñéndose a sus normas.
Las izquierdas no han cumplido sus promesas y no hay base para creer que cambiarán su actitud. Han pasado cuatro octubres y dos procesos que lo evidencian. Aprobar el nuevo texto, por su sensatez y la modernización que incorpora, es el primer paso para cerrar este ciclo aciago.
Es la forma de contener la ambición de las izquierdas de reponer la discusión constitucional, sea provocando un nuevo “momento constituyente” cuando acumulen suficiente fuerza o bien recurriendo a las reformas en el Congreso dado el menor quorum que ahora se requiere.
Las izquierdas son perseverantes y lo que buscan es imponer su paradigma constitucional —que se refleja en la Convención que apoyaron— a pesar de que el país ya les ha dicho, de todos los modos posibles, que no quiere más octubrismo ni propuestas refundacionales.
