Por Bárbara Bayolo; Alejandro Charme; Pablo Eguiguren; Karol Fernández; Bernardo Fontaine; Soledad Hormazábal; Ingrid Jones; Patricio Melero y Alejandro Weber
Publicado en El Mercurio, 28 de diciembre de 2023
Ha pasado más de un año desde que el Gobierno presentó su reforma de pensiones. Pese a las transversales críticas que recibió el texto, las indicaciones recientemente ingresadas insisten en una fórmula que nos aleja de construir un sistema de pensiones sostenible en el largo plazo. Tampoco permiten alcanzar un amplio acuerdo político que dé respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, según dan cuenta la mayoría de las encuestas.
El Gobierno muestra como gran concesión que, a diferencia de la propuesta inicial, dos puntos porcentuales se destinarían a cuentas individuales. Sin embargo, lo cierto es que apenas 1,4% irá íntegramente a reconocer el esfuerzo de cada trabajador. En otras palabras, menos de 1 de cada 4 pesos cotizados se capitalizarán en beneficio del cotizante, uno de los factores más relevantes para mejorar las pensiones. Se requiere destinar más recursos a la capitalización en cuentas individuales. De lo contrario, el desincentivo a la formalidad y el riesgo para las finanzas públicas de la propuesta gubernamental será un costo que excederá largamente la promesa de una garantía de $3.680 por año cotizado que recibirán los trabajadores actuales.
Constatamos, además, que ya no son necesarios seis puntos para mejorar las pensiones como se proponía originalmente. Ahora cinco puntos, distribuidos de manera distinta, son suficientes. El 1% restante se destina a sala cuna y a políticas de empleabilidad femenina. Si bien son materias relevantes, es una contingencia distinta de la seguridad social, que requiere un proyecto de ley aparte o retomar el que ya está en trámite en el Senado. Este problema de inmensa importancia para el país, no puede ser financiado únicamente por los trabajadores formales y en detrimento de sus propias pensiones.
Finalmente, si el cambio en la industria de la propuesta original generaba enormes dudas respecto de cómo podría traducirse en mejores pensiones, las indicaciones nos llevan por un camino aún más incierto. En temas de competencia, se introduce la licitación de grupos de afiliados priorizando el precio, cuando en realidad el factor determinante para mejorar las pensiones es la rentabilidad.
Como asesores de los partidos de Chile Vamos volvemos a insistir en la importancia de que el Gobierno actualice su diagnóstico en materia previsional. Los datos sobre tasas de reemplazo del estudio de David Bravo y diversas publicaciones de la OCDE, entregan argumentos técnicos que ayudan a diseñar medidas más acotadas y específicas que las que buscan las indicaciones. En ese sentido, creemos que las medidas que hemos promovido ―(i) incrementar gradualmente el monto de cotización en cuentas individuales con una institucionalidad técnica e independiente que evalúe su impacto (y el de otras variables clave) en el monto de las pensiones y en el mercado laboral; (ii) aumentar el monto de la PGU priorizando los grupos con menores tasas de reemplazo como las mujeres y la clase media; y (iii) aumentar la competencia y transparencia en la industria, incluyendo a una AFP estatal, que permita mejorar la rentabilidad a un costo acotado― son superiores a las del Ejecutivo y pueden financiarse con impuestos generales, lo que evitará introducir otra traba más a la creación de empleos formales.
Se requieren además medidas efectivas para disminuir la informalidad. Sin más empleos formales y sin mejores salarios ningún sistema logrará pensiones que la sociedad considere suficientes.
Es por ello que insistir en la fórmula del Gobierno será “pan para hoy y hambre para mañana”, en desmedro de los futuros pensionados.
Tras meses de alta polarización política y ad portas de dos años eleccionarios, avanzar en una necesaria reforma de pensiones requiere que el Gobierno deje atrás su radical propuesta ―que se reafirma con estas indicaciones― y avanzar gradualmente mediante medidas de comprobada efectividad. Solo así se podrán generar los consensos políticos requeridos.
