Por Jorge Jaraquemada
Publicado en CNN Chile, 28 de febrero de 2024
Ad portas de cumplir dos años de gobierno, el balance no es positivo. Chile clara y objetivamente no está mejor que cuando asumió Gabriel Boric. Pero, además, las expectativas que tenía la propia coalición gobernante al asumir —es decir, el derrumbe de los “30 años” impulsado por el octubrismo— parece estar quedando sin capacidad alguna de sostenerse en el tiempo como relato político.
Antes de asumir, los vientos de octubre y las distorsiones populistas que se empujaron durante la pandemia estaban a favor del oficialismo. El desafío del gobierno de Boric era estar a la altura de un Chile que supuestamente anhelaba un cambio en sus vidas después de la violencia irracional que acompañó al llamado estallido social y al fuerte impacto con que el Covid azotó la cotidianeidad de las familias. Pero no ha sido así. En la mitad del período de la actual administración el panorama no es alentador. Hemos presenciado un festival de errores, inexperiencia, ineptitud y contradicciones, mezclados con corrupción y falta de liderazgo.
El Gobierno ha fallado en múltiples dimensiones. El conflicto de La Araucanía no ha tenido respuestas claras. Después de haber criticado por años las acciones y modos de abordar el conflicto por los gobiernos que lo precedieron, al final éste no ha innovado en nada, ni tampoco hay señales de que lo hará. Seguimos en un prolongado estado de emergencia y con nuevas mesas de trabajo. Esta vez bajo el nombre de Comisión para la Paz, de la cual poco y nada se sabe. Sus resultados deberán presentarse recién el próximo año. Es decir, pasaremos casi toda esta administración sin novedades al respecto.
La educación, en colegios y universidades, no ofrece avances sino más bien retrocesos. La desmunicipalización de los colegios públicos y la fijación disolvente de la izquierda en contra de los liceos emblemáticos han sido un fracaso. Las cifras están a la vista. Se advierte una parálisis ministerial frente a temas tan complejos como la convivencia escolar y la dirección y autoridad en las escuelas. Además de un ánimo de encubrir los malos resultados negándose a transparentar los datos de la PAES. La deuda crediticia de los estudiantes, con toda la urgencia que requiere, tampoco ha tenido respuesta eficaz y acumula presión estatal y política.
El llamado pacto fiscal de tal tiene poco, pues los acuerdos brillan por su ausencia. Lo mismo ocurre con el proyecto de pensiones del gobierno. No hay acuerdos y el Ejecutivo se empecina en sus directrices originales, con lo cual clausura la posibilidad de lograrlos. El punto es que los dos proyectos centrales de esta administración revelan que existen visiones de país muy diferentes y que, después de dos años en la conducción, el Gobierno no exhibe habilidad ni flexibilidad para recoger miradas distintas a la suya y alcanzar acuerdos.
En política exterior, partimos mal y seguimos peor. Ejemplo por antonomasia es la relación con España. Después de las desafortunadas críticas del presidente Boric —apenas iniciado su mandato— al mismísimo rey y nada menos que por asuntos de protocolo, el embajador de Chile en ese país decidió, hace poco, no asistir a una recepción diplomática que tiene casi un siglo de tradición para la monarquía española. Se han filtrado audios que nos han dejado mal con Argentina, se ha opinado con imprudencia sobre Perú y Boric criticó la ausencia de EE.UU. estando sentado al lado del vicepresidente de ese país. Y como si todo esto no fuera suficiente, el acuerdo con Venezuela sobre cooperación policial parece cada día más otra mala decisión.
En medio de una crisis de seguridad como nunca se había visto desde que nuestro país retornó a la democracia, el silencio del presidente de la República ha sido tristemente acompañado de una incapacidad del resto de sus colaboradores para aclarar al país qué fue lo que ocurrió con un ex militar venezolano refugiado en Chile. Un presidente mudo y un gobierno errático solo agudizan la percepción, ya generalizada, de total descontrol del orden público causada por los cotidianos asaltos, secuestros y descuartizamientos, a lo que ahora se suman los desaparecidos.
Finalmente, el “caso convenios” ha llegado, política y judicialmente, al círculo más cercano del presidente, nada menos que hasta su jefe de asesores del “segundo piso”. Esto ha llevado a invertir tiempo presidencial en justificar su permanencia en el cargo, cuestión que se vuelve cada vez más insostenible porque golpea al corazón del discurso pulcro de este gobierno —su añorada superioridad moral—. La resistida, pero finalmente concretada, renuncia de Giorgio Jackson a la cartera de Desarrollo Social lo constata.
A estas alturas, el problema del Gobierno no solo se circunscribe a la inseguridad pública, sino que se extiende a casi todos los planos y temas que aborda. Tampoco parece explicarse por la inexperiencia de sus autoridades o por una pertinaz obstinación ideológica de algunos de ellos que, por supuesto, las hay. Y salvo que alguien crea que a las autoridades las persigue una persistente nube de mala suerte, más bien el problema parece ser una franca ineptitud para liderar el Estado y, por ende, para gobernar.
