Por María Ignacia Navarro
Diario Financiero, 5 de abril 2024
Señor Director:
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas y que otorga vigencia inmediata a los decretos que declaran zonas de escasez hídrica para que produzcan efectos antes de verificarse el control de legalidad que realiza la Contraloría General en la toma de razón.
En virtud de dichos decretos, los derechos de aprovechamiento de agua podrían ser afectados por la Dirección General de Aguas. ¿Qué sucederá si la Contraloría ―como lo ha hecho en ocasiones anteriores― luego frena o revierte esos decretos?
Cuesta entender por qué el Ejecutivo optó por obviar el control de legalidad previo que establece la Constitución para dar certeza jurídica y proteger los derechos de los usuarios, en vez de buscar medidas eficaces y anticiparse, asumiendo que la escasez hídrica dejó de ser una situación excepcional en Chile hace varios años.
Los decretos de escasez no resolverán por sí solos la crisis hídrica que nos agobia, no se hacen cargo de las verdaderas ineficiencias y menos si se pretende agilizar su tramitación evitando el control de legalidad. Se requieren medidas concretas a corto, mediano y largo plazo, y entender que la sequía es una realidad a nivel país.
