Por María Teresa Urrutia
El fin de semana la Región Metropolitana registró ocho nuevos homicidios. Tras meses de implementación del plan “Calles Sin Violencia” y una gran inversión de recursos, la reiteración de esta ola de homicidios durante un fin de semana sugiere que el plan no ha logrado reducir la violencia sino que la ha desplazado desde una comuna a otra. Este precario resultado es un triste ejemplo de improvisación e ineficacia.
Además, es alarmante que para reducir la sensación de inseguridad, el gobierno pretenda normalizar la ocurrencia de delitos como secuestros y homicidios, propios del crimen organizado, y haga anuncios rimbombantes apoyados en un “Cherry picking” de datos que muestran que la acción delictiva ha disminuido en ciertos sectores mientras en otros, como Antofagasta, los homicidios se han duplicado.
La situación se agrava cuando el gobierno afirma livianamente haber avanzado más en seguridad que cualquier administración anterior. Su retórica carece de todo fundamento si se considera que de los 32 proyectos de ley que conforman el fast track legislativo en seguridad de este año solo uno ha sido aprobado por el Congreso, mientras que aún están pendientes seis proyectos de ley del fast track del año pasado.
