La aprobación de la emblemática Reforma a la Educación Superior del Gobierno de Michelle Bachelet se ve como un éxito para su mandato. Sin embargo, la realidad es otra y no es más que un irrefutable engaño –el cual advertimos desde el principio. El slogan de la “gratuidad universal”, según un estudio realizado por Libertad y Desarrollo, sería alcanzable recién cuando los ingresos fiscales representen un 29,5% del PIB tendencial del país. Es decir, aquella promesa no sería posible sino en 60 años.
Además de dicha trampa, existen otras aristas de esta política que afectarían sustancialmente al sistema educativo, las cuales se hacen bastante preocupantes. Una de ellas es el déficit fiscal al que se enfrentaron las universidades privadas adheridas a la gratuidad. Según un ranking realizado por Acción Educar, la Universidad Diego Portales (UDP) tendría un déficit de $19 mil millones, el cual, aun cuando fue refutado por su rector, Carlos Peña, sería al menos de $8.450 mil millones. En el caso de la U. Autónoma, su déficit sería de 14 mil millones, le sigue la Universidad Finis Terrae con 11 mil millones, y la Universidad Católica con 6 mil millones de pesos.
Lo importante de analizar estas cifras es cuánto de ellas afecta a la calidad de las instituciones, pues toda pérdida conlleva a tener que sacrificar otros recursos. El caso de la UDP (otra vez) ha sido el más controversial, tras el anuncio de cierre de su Instituto de Políticas Públicas (IPP). En esta línea, su rector indicó en La Segunda la semana pasada que la institución que dirige se encuentra en la encrucijada de mantenerse o no en la gratuidad, señalando que de no renunciar a ella tendrían que disminuir sus niveles de investigación.
Todo esto revela que la gratuidad de la educación superior pone en juego la calidad de los planteles educacionales, así lo asevera también el académico de la UDP José Joaquín Brunner en una entrevista para La Segunda: “Estamos en un serio problema y la mala política (…) va hacer que entremos en una crisis de calidad”. Es por ello que es importante que el próximo Gobierno reformule las indicaciones de esta política, reforzando la calidad de la educación superior pero con realismo frente al sistema de financiamiento.