Tal como se desprende de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional, prohibir la objeción de conciencia institucional vulnera nuestra Constitución. Es por ello que llama la atención el hecho de que el protocolo realizado por el gobierno de la Presidenta Bachelet restrinja, en la práctica, el ejercicio de este derecho, prohibiendo a las instituciones realizar contratos con el Estado en caso de ser objetoras. Lo que se quiso hacer, finalmente, fue obligar a las instituciones a no ser objetoras. Resulta preocupante que se intente forzar a las instituciones a realizar abortos, por el mero hecho de ejercer un derecho garantizado por la Constitución.
