En 2017, cerca de 5 millones de extranjeros entraron a Chile en calidad de turistas, y alrededor de 450 mil no retornaron a su país de origen, cifra 5 veces superior a las de 2014.
A pesar de este aumento de flujos migratorios, el gobierno de la Presidenta Bachelet no tuvo voluntad alguna para enfrentar este tema. Ello se vio reflejado en lo mezquino e ideológico del proyecto de ley presentado al Congreso, rechazado con votos de su propia coalición. A menos de un mes de asumido, el gobierno del Presidente Piñera tomó cartas en el asunto, enviando indicaciones sustitutivas al proyecto de ley que presentaron a fines de 2013, y que la Nueva Mayoría no quiso continuar tramitando. El enfoque es claro: se establecen derechos y deberes de los migrantes, buscando su igualdad e integración en el país, además de ampliar y flexibilizar las categorías migratorias. Estas medidas serán llevadas a cabo por el Servicio Nacional de Migraciones y también se creará del Consejo de Política Migratoria.
En paralelo, se han tomado medidas a través de decretos y circulares, con la finalidad de regularizar lo más rápido posible el alto flujo migratorio. Este gobierno tuvo la firme decisión de abordar el problema, proponiendo una política que permita una migración segura, ordenada y regular, que no establezca solo derechos, sino también deberes para los migrantes, algo que el gobierno anterior no pudo, o no quiso abordar.
