Al cumplirse diez años de la entrada en vigencia del nuevo sistema de procedimiento penal, consideramos necesario valorar y evaluar el profundo cambio que significó esta modificación en la legislación de nuestro país, en el sistema de protección de derechos y garantías y un modo de persecución del delito. La reforma ha traído como consecuencia la aplicación directa de principios y estándares constitucionales y ha provocado que la litigación penal acerque la Constitución al juicio en favor de la persona, fenómeno que es destacable. Con todo, el camino no está terminado.
