Las leyes que han establecido las diversas Superintendencias en nuestro país, han otorgado a los funcionarios fiscalizadores la calidad de ministros de fe respecto de lo que constaten en el ejercicio de sus funciones. La alteración de la carga probatoria que ello supone, no sólo parece vulnerar importantes garantías constitucionales, tales como el derecho a un proceso racional y justo, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, sino que constituirían una intromisión estatal indebida en desmedro de los derechos ciudadanos.
