La discusión relativa a la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo fundamental es que “los crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” no queden sin castigo, ha sido muy larga en nuestro país. Esto respondió, en un comienzo, a las legítimas dudas de constitucionalidad que se manifestaron al respeto y que el Tribunal Constitucional de nuestro país abordó en su oportunidad. Hoy el debate gira, además de las implicancias jurídicas, en torno al comportamiento que han tenido determinados países frente a la Corte. Lo que ampara la duda de su efectividad, ya que mientras las grandes potencias no reconozcan su jurisdicción siempre existirán riesgos de que sus decisiones sean interpretadas políticamente.
