El acceso a la información pública es esencial para posibilitar la participación ciudadana, garantizar la rendición de cuentas y responsabilizar a las autoridades públicas, por lo cual constituye un componente clave para desarrollar la confianza en las instituciones públicas y, en consecuencia, para un adecuado funcionamiento del sistema democrático. Es de esperar que la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública coadyuve a estimular el cambio cultural necesario para que estos principios permeen y se arraiguen firmemente tanto en la sociedad como en la burocracia estatal.
