El Gobierno tiene atribuciones legislativas robustas que generan una fuerte asimetría con el Congreso Nacional. Aunque sin alterar las características centrales del presidencialismo, se propone contener el poder del Ejecutivo atenuando algunas atribuciones colegisladoras radicadas en el Presidente. Concretamente, su facultad privativa de colocar urgencia a los proyectos que están en trámite legislativo, sin escuchar al Congreso y sin que éste pueda calificar dichas urgencias; su atribución de gobernar mediante DFL, que le permite legislar y tomar facultades que son propias del Congreso; y su potestad de vetar una parte o el total de un proyecto de ley, a pesar de que éste ya haya sido aprobado por ambas Cámaras.
