Se encuentra en discusión un proyecto de ley que elimina los abogados integrantes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, y suprime, para estos mismos tribunales, a los fiscales judiciales, transformando a estos últimos en ministros de la Corte respectiva. Aunque las razones para hacerlo parecen atendibles, el mecanismo de reemplazo no es el más adecuado. Por una parte, los fiscales judiciales pueden ser un formidable mecanismo de control interno de la probidad en el poder judicial. Por otra, no parece prudente privar a los tribunales superiores de justicia de la valiosa la contribución que jueces externos pueden hacer en la labor jurisdiccional.
