En adelanto de cómo vendrá septiembre, la discusión política se encendió hace unas semanas. El centro de gravedad nuevamente comenzó a girar sobre los derechos humanos. Debate en el que, por distintos motivos, hasta aquí la izquierda ha tenido, o al menos reclamado para sí, una hegemonía cultural. Sin embargo, eso ahora parece estar en entredicho, abriéndose diversos campos de disputa.
En primer lugar, evidentemente está la discusión, propiciada por los dichos del exministro Rojas, sobre el rol, aporte y valor del Museo de la Memoria. Esa polémica abrió un primer campo de disputa. Por un lado, se planteó la necesidad de condenar la intervención militar y las violaciones a los derechos humanos, y de “funar” a todo quien sugiriera contextualizar. Mientras por el otro se levantaron argumentos que hacían hincapié en que, para no repetir la historia, se debían comprender cabalmente las razones que llevaron a ese quiebre, entre ellas la violencia como método de acción política cotidiana a la que adhirieron diversos grupos de izquierda.
Por otra parte, la decisión de la Corte Suprema de otorgar libertad condicional a un grupo de condenados por violaciones a los derechos humanos, inició otra discusión que pone a prueba a un sector de la izquierda que considera que, más allá de lo que digan las leyes o de las facultades interpretativas de los tribunales, cualquier beneficio al respecto debe ser negado.
Pues bien, la molestia con el fallo y la subsiguiente acusación constitucional contra los ministros que lo suscribieron parece ser la reacción de quienes ven en riesgo su superioridad moral, pues después de ese fallo la consigna “ni perdón ni olvido” podría vaciarse de contenido.
Por último, el llamado que el diputado Gabriel Boric hizo a la izquierda chilena para que condene sin excepciones todas las violaciones a los derechos humanos, incluyendo ciertamente aquellas que actualmente ocurren en Cuba, Nicaragua y Venezuela, es otro ejemplo de un nuevo campo de disputa, esta vez situado en plena izquierda. El severo e inmediato llamado de atención del diputado Teillier que criticó los dichos de Boric porque a su juicio le daban “agüita a la derecha”, revela una sibilina manera de restarse del compromiso por la defensa universal de los derechos humanos.
Todos estos ejemplos configuran un campo de disputas hermenéuticas sobre temas que, hasta hace poco, eran patrimonio de un sector bien definido. El solo hecho de que estas discusiones se expresen ya cuestiona la suficiencia de las explicaciones que la ciudadanía demanda sobre estas cuestiones. Pero aún más, reabren un debate que durante mucho tiempo pareció culminado. Y en estas circunstancias el único sector que tiene algo que perder es el que, hasta ahora, tenía la hegemonía.
