Hemos visto los estragos de la ley de “inclusión” que busca terminar con el lucro, el financiamiento compartido y la selección argumentando que debido a ellos la educación en nuestro país es una de las más segregadas. Sin embargo, la evidencia demuestra que la segregación se debe mayormente a factores geográficos (cercanía del colegio con el hogar), entre otros.
Esta ley puso en jaque a los colegios particulares subvencionados, dándoles tres opciones: pasar a ser establecimientos sin fines de lucro, particulares pagados o cerrar. ¿Evaluó el gobierno cómo se vería afectada la elección de los padres al enfrentarse al escenario de que el colegio decida pasar a particular pagado? La obligación de buscar un nuevo establecimiento atenta contra la libertad de las familias, pues los cambios forzados se deben a que los padres no podrían asumir el nuevo costo de la colegiatura. Los que deciden cerrar también fuerzan a buscar un nuevo establecimiento.
La ley de inclusión, que buscaba que los padres puedan elegir libremente la educación de sus hijos, termina siendo incoherente. Hoy enfrentamos un sistema azaroso que lejos de ampliar libertades, mejorar la calidad y generar inclusión, segrega entre alumnos que pueden pagar y el resto que depende de una fórmula tan injusta como insatisfactoria para acceder a un proyecto educativo. Las imágenes de padres haciendo filas denotan solo exclusión y restricción de libertad. Mal puesto el nombre de la ley.
