Señor director:
Los tribunales franceses han dilatado para diciembre su conocimiento de la extradición de Ricardo Palma Salamanca solicitada por el Estado de Chile, a la espera de que el gobierno francés se pronuncié sobre la solicitud de asilo que planteó el frentista. A 27 años del crimen de Jaime Guzmán, las contundentes pruebas del caso que derivaron en dos condenas perpetuas para Palma, su escape desde la Cárcel de Alta Seguridad hace 22 años y su inaudita travesía internacional posterior, sumido en la clandestinidad, viviendo del delito y del apoyo de sus compañeros de armas e ideología, no son más que la evidencia explícita de que, si el gobierno francés decide otorgarle asilo, obstaculizando su extradición, estaremos viviendo en un mundo al revés.
¿Qué más se necesita para que uno de los autores materiales del crimen del único parlamentario chileno asesinado en democracia cumpla sus condenas? Los antecedentes sobran para estar optimistas. A pesar de ello, la izquierda más extrema, incluido un reciente premio nacional de Humanidades, han intentado por años construir un relato heroico sobre el FPMR, su “lucha” y los autores del asesinato. Su esfuerzo se ha volcado a conseguir el apoyo de amplias redes internacionales de protección financiera y jurídica, lo que les ha permitido eludir la acción policial y judicial. Y también a constituir “comités solidarios” para presionar, exigir o desautorizar, según sea el caso, a gobiernos y tribunales.
Se suele decir que “la Justicia tarda, pero llega”. En el crimen de Jaime ya ha tardado muchísimo. Van más de 27 años. Después del éxito inicial de la investigación, que logró la condena efectiva de algunos responsables, vino la ominosa fuga desde la cárcel en 1996 y desde entonces avances ocasionales, detenciones efímeras, asilos y procesos de extradición varios. Entonces, en este tortuoso derrotero, ¿qué son unos meses más? Nada o casi nada, dependiendo de si el gobierno y los tribunales franceses deciden enderezar el mundo, poniéndolo del lado del Derecho.
