Las irregularidades y la evidente falta de transparencia en las Fuerzas Armadas que se han revelado en estos meses demandan, aparte de la necesaria acción judicial, un liderazgo político capaz de poner a las instituciones castrenses al nivel de transparencia y modernización que los tiempos demandan. Las diferentes medidas que este año se han implementado van en esa dirección, pues aportan a la construcción de credibilidad y orden en las instituciones.
En esa línea también suma el nuevo sistema de financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional impulsado por el Gobierno que deroga la Ley Reservada del Cobre. Esto implica un nuevo mecanismo en que las distintas unidades operativas que podrán disponer de gastos reservados deben informar de forma “completa” y “detallada” sobre su uso a la autoridad política que tengan a su cargo. A su vez, se establece que las Fuerzas Armadas rendirán cuentas a la Contraloría de forma anual, genérica y secreta, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar sobre el contenido fundamental de los gastos, debiendo acompañar una declaración jurada del uso legal de los recursos. Además, se está trabajando en una Agenda de Probidad y Transparencia para dar más confianza a la ciudadanía y a las propias instituciones armadas.
Sin embargo, a estos esfuerzos que está realizando el Gobierno, cuyo apoyo transversal es clave por tratarse de instituciones fundamentales, se necesita también reforzar culturalmente al interior de las FF.AA. que estas irregularidades no pueden ser “normalizadas”. La formación integral es tan importante como la necesaria legislación modernizadora al momento de pensar en recuperar la dignidad de nuestras instituciones castrenses.
