Luego del momento de efervescencia social que experimentamos en Chile desde octubre del 2019, donde diferentes actores colmaban las calles exigiendo al Gobierno garantizar «derechos sociales universales», y culpaban de todo mal al rol subsidiario del Estado; un virus (imperceptible a la vista, pero de una repercusión letal) nos ha demostrado todo la importancia de dicho principio en medio de esta crisis que demanda día a día más auxilio quienes más lo necesitan y pone en entre dicho ese momento delirante en que varios ofrecían derechos sociales al infinito hasta hace pocos meses.
Y es que, a pesar de que todos los dardos apuntaban, estratégicamente, a la derogación de la actual Constitución de la República como responsable de dotar de este rol al aparato estatal, resulta que, en el actual momento de crisis ―esta vez sí inesperadamente― que provocó la COVID-19, la Carta Magna del país pudo utilizar todo su arsenal de medidas para que la perspectiva positiva de la subsidiariedad ayudara a aplacar los daños, tanto a la ciudadanía como a la economía, que está causando la pandemia. Pues, al parecer, parte del mundo político cree que el bolsillo no tiene nada que ver con la vida y desarrollo de las personas, y es por ello que separa las medidas económicas de las medidas sociales, como si no fuesen dos caras de la misma moneda.
Chile, en estos momentos, necesita más que nunca de la subsidiariedad. Ese principio que nos insiste en focalizar la ayuda en aquellos que más lo necesitan, como dejar a nuestros adultos mayores vacunarse primero, como levantar instalaciones hospitalarias en las zonas con más contagiados o como ayudar monetariamente a esas familias más vulnerables que se ven imposibilitadas de trabajar. Ese principio nos permite como sociedad civil también protegernos, a través de la voluntaria limitación de vender unidades acotadas en el mercado de elementos esenciales para evitar el acaparamiento y que, así también permite al Estado fijar algunos precios para evitar aún más los golpes económicos en la incertidumbre que genera esta emergencia.
Todo esto se refleja periódicamente en que esos mismos que bramaban por la eliminación de la subsidiariedad en medio del llamado “estallido”, la ofrecen ahora en los medios de comunicación ―unos más, otros menos― como necesaria y única respuesta posible a la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo.
Curioso esto, a 29 años del asesinato de Jaime Guzmán, uno de los impulsores de la subsidiariedad en nuestra institucionalidad.
