Una vez iniciada la aplicación de la normativa, la autoridad detectó ciertos espacios interpretativos en la misma, además de un error en la determinación del monto de las cotizaciones previsionales que deben pagarse a los trabajadores suspendidos, por lo que decidió enviar una “ley corta” que viniera a solucionar y clarificar los problemas detectados. Sin embargo, la tramitación de esta ley se alargó innecesariamente, agregándose una serie de nuevas materias, algunas positivas, pero muchas otras negativas, que impedirán el cumplimiento de la finalidad de la iniciativa.
Entre sus conclusiones, el documento destaca que lo aprobado busca la aprobación popular, en un tema que es de suyo eminentemente técnico y complejo, y que pone en tela de juicio la efectividad de esta ley, que ha permitido, hasta el momento, evitar despidos masivos.
