Este proyecto tiene su origen en distintas mociones parlamentarias que fueron refundidas, resultando en un texto único que fue aprobado por la Comisión de Economía y despachado a la Sala de la Cámara el 08 de junio recién pasado. La iniciativa, actualmente en su Primer Trámite Constitucional, se fundamenta en los graves efectos económicos y sociales que está teniendo para el país y el mundo entero la pandemia conocida como Covid-19.
Pero más allá de eso, pretende también venir en auxilio de una economía resentida por las consecuencias de la insurrección violenta que afectó a Chile el 18 de octubre de 2019 y que se extendió por varios meses.
En los párrafos que siguen, vamos a resumir de la forma más clara que sea posible esta futura ley, pero también a presentar una visión crítica de la misma, pues sí bien persigue fines loables, puede terminar provocando irreparables consecuencias para el sistema financiero y, además, tiene serios problemas desde el punto de vista jurídico que enseguida pasaremos a analizar.
