Finalmente el Tribunal Constitucional se ha hecho cargo de un problema de orden mayor en nuestro Estado de Derecho: las reformas constitucionales por el retiro del 10% de los fondos de pensiones, en cualquiera de sus versiones, violan nuestra institucionalidad.
Esta situación, así como otras que se generan en nuestra vida política, revelan algunos conflictos que, en tanto las instituciones son perfectibles, no son poco frecuentes. Por ésta misma razón estas pugnas no deberían asombrarnos, pues son parte de la complejidad de la vida institucional. El problema es distinto, sin embargo, cuando hay un ejercicio de mala fe de la ley, generando situaciones aparentemente lícitas torciendo la aplicación de la ley; estos hechos –y actitudes, por cierto— ponen de relieve no sólo conflicto, sino una descomposición institucional que apareja la erosión del sentido de Derecho.
La presión política sobre el Estado de Derecho y el orden constitucional que muchos han denominado fenecido (y al que tantos otros han colaborado), parece un precedente complejo si se mira el futuro del Proceso Constituyente. Al respecto, no se puede dejar de tener en consideración que un proceso constituyente, por muchos límites jurídicos que tenga –y que, ciertamente, el nuestro los tiene— son procesos que requiere, en primer lugar, actitudes honestas que se traduzcan en acuerdos honrados con piedad para evitar toda tentación de captura del proceso. Cuando no existe ese compromiso ético, la pura legalidad no podrá imponerse, pues generalmente se ve superada por la facticidad.
Existen circunstancias en las cuales las fuerzas subyacentes al proceso sobrepasan su propia legalidad y permiten apreciar como se despliega el proceso constituyente a fuerza de los hecjhos. En todos estos casos, es posible que la legalidad se imponga y consiga dirigir el proceso conforme la competencia que se ha otorgado, pero ello no sería posible si, ante todo, no hay un compromiso ético real con el Estado de Derecho y el orden institucional de la República de las fuerzas que confluyen en él. No basta la ley.
Emiliano García, La Segunda, 23 de Diciembre de 2020
