SEÑOR DIRECTOR
Con la aprobación del proyecto de royalty, la Cámara -una vez más- pasa a llevar gravemente nuestra institucionalidad. El proyecto hace como si la iniciativa exclusiva del Presidente en estas materias no existiera, y deliberadamente incumple con el principio de no afectación, asignando lo recaudado a fondos regionales específicos. Además, deja parte esencial de su regulación a un reglamento, aun cuando la Carta Fundamental es clara al decir que ello es materia de ley, con el objeto de garantizar algo de certidumbre en la actividad económica.
Pero los problemas de esta moción no se quedan ahí. Su loable finalidad -recaudar más- será imposible de cumplir si esta se aprueba. Salvo que pensemos que convertirnos en el país con la tributación minera más alta del mundo (doblando a nuestros países competidores) nos ayude a atraer inversión. Al contrario, muchos proyectos podrían volverse insostenibles, cerrando faenas y afectando el trabajo e ingreso de muchas familias.
Chile tiene una oportunidad histórica. Las nuevas exigencias eléctricas del mundo harán que la demanda por cobre no deje de crecer. En este contexto, la discusión sobre la tributación minera es necesaria, y debe hacerse de manera seria y calma (más aún sabiendo que las mineras gozan de invariabilidad tributaria hasta 2024). Sin embargo, nuestro Congreso opta por estrategias mañosas para meter presión al Ejecutivo, pretendiendo que en semanas –y sin un mínimo respaldo técnico- realicemos una reforma estructural a la industria más importante de este país.
La irresponsabilidad -o la desconexión- de este Congreso llega a niveles que no dejan de asombrar. Una vez más, termina por ofrecerle a las familias chilenas una mala política pública, como si fuera la única alternativa posible. ¿Corregiremos en algún minuto este mediocre camino?
Felipe Lyon
Director Programa de Estudios Constitucionales FJG
