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Introducción

El día martes 15 de junio la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley que crea un procedimiento especial para la tramitación de las acciones de indemnización de
perjuicios contra el Estado, por los daños ocurridos en el contexto de manifestaciones sociales en el denominado “Estallido Social”. Este proyecto adolece de una serie de imprecisiones de orden jurídico, alterando sustancialmente principios procesales vigentes en nuestro país que, en su conjunto, conforman un derecho fundamental en todo régimen democrático: el debido proceso. En el presente documento analizaremos el articulado del proyecto y las distorsiones que este genera, tanto desde el punto de vista procesal como constitucional.