31 de julio de 2021
Publicada en La Tercera
Señor Director:
El acuerdo “Por la Paz y la Nueva Constitución”, empujado por la violencia que sacudía sin tregua todo el país, fue concebido para abrir un cauce institucional a la crisis sociopolítica gatillada por el estallido social. Una contundente mayoría, de diferentes sensibilidades, votó a favor de una nueva Constitución redactada por 155 constituyentes en el plazo máximo de un año. A un mes de su inicio, la Convención Constitucional se ha visto envuelta en constantes tensiones que la alejan de su horizonte.
Desde el primer día fue notorio el conato entre grupos variopintos de constituyentes por hacer de la Convención un espacio de conflictividad antes que uno de oxigenación y canalización de la crisis. Lo que se expresa en la beligerancia de discursos inflamados, algunos cargados de resentimiento y otros de superioridad moral, invectivas a las convicciones ajenas y un ánimo de cancelar las opiniones disidentes. Además del ánimo de pronunciarse sobre todo tipo de asuntos, atribuirse competencias que claramente no tienen e insistir majaderamente en sentirse depositarios de una soberanía que no les pertenece. Todo esto obstaculiza avanzar en el único, claro y acotado mandato que tienen los constituyentes y resquebraja el sentido de unidad en que originalmente se fundó esta salida a la crisis. Recuérdense los sentidos llamados a construir una “casa común”.
La fórmula que permitió elegir una buena cantidad de independientes o al menos no militantes de los partidos tradicionales no puede aislarse de la crisis de los partidos. Si bien llegamos a este punto por la responsabilidad de actores políticos que aflojaron su rol de canalizar los malestares y necesidades sociales o cedieron a la ola radical que venía a llevarse “los 30 años”, lo cierto es que estas semanas de trabajo constituyente muestran que el problema de la representación y el descrédito podría prolongarse. Después de meses de revuelta, manifestaciones incendiarias e intentos de salida, enfrentamos una nueva elite despótica, que se arroga competencias, poder y verdad. Esto requiere que la recomposición de los partidos sea una tarea fundamental. A fin de cuentas, la ciudadanía ya ha dado muestras de que puede cancelar abruptamente la línea de crédito que estuvo dispuesta a entregar a sus representantes.
Jorge Jaraquemada
Director Ejecutivo Fundación Jaime Guzmán