El pasado lunes 18 de octubre se cumplieron dos años de la insurrección desatada -explícitamente- aquel «viernes negro» del año 2019. El aumento de $30 pesos al transporte público develó diversos malestares que fueron articulados ideológicamente. Rápidamente se manifestó un cambio de paradigma de las praxis políticas, ante lo que bien podríamos llamar un conato revolucionario que ha buscado subvertir tanto la institucionalidad como del sentido común de los chilenos.
Tras una multiplicidad de expresiones de conflictividad -algunas que han provenido de la ciudadanía, como cacerolazos o la asistencia a concentraciones, mientras que otras han tenido una tónica revolucionaria y anárquica- han generado un frágil marco sociopolítico, en el cual en numerosas ocasiones la violencia política se ha instalado como una praxis válida para empujar cambios.
Ante esta situación de extrema violencia, que no fue posible de controlar por parte de las fuerzas policiales, el Ejecutivo junto a actores políticos de distintas sectores cedieron ante la delicada situación de violencia que azotaba al país, y firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Así, la revuelta tomó un cause institucional con la Convención Constitucional, el órgano redactor de la nueva Carta Magna.
No obstante, luego de tres meses de ejercicio de la CC la paz no ha regresado. Al contrario, la violencia no solo se ha relativizado, sino que también ha sido avalada, incluso, por convencionales. Es así como esta institución se ha instalado como un dispositivo de conflictividades que ha buscado trastocar nuestra institucionalidad y el proyecto de país que queremos.
Las aspiraciones de “refundar un nuevo Chile” en uno plurinacional, feminista, multicultural, entre otros epítetos, devela este diagnóstico.
En el presente Ideas & Propuestas se analiza el derrotero del proceso político en curso iniciado oficialmente el 18 de octubre de 2019 hasta la fecha, enmarcado por la insurrección y olas de violencia, la ebullición de malestares ciudadanos, como también la salida institucional en la creación de la Convención Constitucional.
