Por Jorge Jaraquemada
Publicado en El Líbero, 11 de noviembre de 2023
Era impensable imaginar, cuando aún nos rodeaba el humo octubrista, la manera en que estamos culminando el derrotero de sustitución constitucional gatillado por la violencia a fines del 2019. Aunque falta que la ciudadanía se pronuncie sobre la nueva propuesta, es difícil imaginar un escenario donde la izquierda más radical -después de haber tenido la sartén por el mango durante todo el primer proceso- no termine experimentando una sensación de frustración fruto de su propia arrogancia. O se ratifica una Constitución que no les gusta o sigue vigente aquella que han criticado por décadas.
Nuestra postura a favor, en cambio, se sustenta en la inclusión de bienes y principios necesarios para la realización humana y el bien común que merecen especial protección, y de mecanismos institucionales adecuados para brindársela. Dada nuestra adhesión al ideario de Jaime Guzmán, es relevante que la propuesta reconozca la dignidad humana, la libertad personal, la subsidiariedad y las autonomías sociales, así como un conjunto de normas e instituciones que permiten la proyección de estos bienes y principios.
Consagra la primacía de la persona como base del derecho y la justicia, y señala que el Estado está al servicio de las personas y la sociedad, y que su finalidad es promover el bien común. Concibe a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y, consecuentemente, reconoce el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, y de elegir el sistema de enseñanza acorde a sus convicciones. Se pronuncia positivamente por la autonomía de los cuerpos intermedios en los que se organizan libremente las personas (familia, asociaciones, gremios, sindicatos, etc.) para que éstos puedan cumplir con sus propios fines. Esta definición tiene efectos concretos. Por ejemplo, la libertad para fundar proyectos educativos y establecimientos de enseñanza que reflejen sus convicciones e ideales.
La subsidiariedad se encuentra implícita y tendrá que convivir, en la experiencia práctica, con otra definición de la propuesta, cual es el Estado social y democrático de derecho. El texto toma resguardos para impedir que éste adquiera un carácter excluyente de la participación de la sociedad civil en la provisión de bienes públicos. Esto se logra conjugando el desarrollo progresivo de los derechos sociales con la responsabilidad fiscal e indicando que su prestación podrá ser realizada por instituciones estatales y privadas. De esta manera, las circunstancias concretas y la prudencia serán las que sugieran si son los privados, el Estado o una colaboración entre ambos la vía más idónea para realizar una tarea necesaria para el bien común. La propuesta equilibra esta relación -en algunas de sus normas más resistidas por la izquierda- garantizando la libertad de elección en educación, salud, vivienda y pensiones.
Incorpora medidas para combatir el terrorismo y la violencia. Señala que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación, y que serán considerados delitos comunes y no de carácter político. Reconoce a sus víctimas y su derecho a ser indemnizadas por el Estado. Y declara inconstitucionales a los partidos políticos, movimientos y organizaciones que no respeten la democracia y a aquellos que propicien, inciten o usen la violencia.
Respecto al orden público económico, define y protege adecuadamente la propiedad y consagra su función social. La expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional puede ser reclamada ante los tribunales y, en todo caso, con indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Reconoce el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y la no discriminación arbitraria en el trato del Estado, el deber de éste de defender la libre competencia y promover el emprendimiento y la innovación, y la autonomía del Banco Central.
También incluye un novedoso acápite sobre deberes constitucionales que incorpora deberes del Estado hacia las personas y otros que se deben los ciudadanos entre sí. Por ejemplo, honrar la tradición republicana, defender y preservar la democracia, proteger el medio ambiente, desempeñar fiel y honradamente las funciones públicas, y votar.
En materia orgánica, existe gran coherencia entre esta propuesta y nuestra tradición constitucional, a diferencia del proyecto de la Convención. Esta coherencia se manifiesta en el establecimiento de equilibrios y contrapesos entre los poderes del Estado, un sistema presidencial, un Congreso bicameral y un Poder Judicial como único sistema de justicia. El quórum de reforma constitucional se eleva de 4/7 a 3/5.
El sistema de elección -importante para la gobernabilidad democrática- intenta soslayar la actual atomización del Congreso producto de las reformas realizadas durante el segundo mandato de la Presidenta Bachelet. Para ello reduce el número de diputados de 150 a 138 y considera de dos a seis electos por distrito. Y, lo más importante, sólo los partidos políticos que alcancen un 5% de los votos a nivel nacional podrán participar en la distribución de escaños en la Cámara. Esto favorece los acuerdos y la gobernabilidad, y desincentiva la fragmentación.
En suma, el texto del Consejo es sensato, moderado y moderno. Presenta continuidad con nuestra tradición jurídico constitucional y, a la vez, introduce novedades y avances en la protección de bienes relevantes. Este resultado no deja de ser curioso. Parece que el problema constitucional, majaderamente cacareado por las izquierdas, no era tal. Las impecables credenciales democráticas del proceso de reemplazo de la Constitución están fuera de discusión, pero no son suficientes para la izquierda radical. Le molestan los contenidos. Y parece lógico después de haber apoyado con entusiasmo un texto maximalista, refundacional y excéntrico, surgido de la radicalidad de la Convención. Eso no los detuvo entonces y probablemente no los detendrá cualquiera sea el resultado del plebiscito. Seguirán abogando por la necesidad de un cambio hasta tener la fuerza para intentar nuevamente escribir la Constitución que realmente desean. Por ahora esos contenidos excéntricos y maximalistas fueron desechados. Y ojalá esa izquierda nunca logre la fuerza para imponerlos.
