Por Jorge Jaraquemada
03 de marzo de 2022
Es relevante señalar que es discutible que la Constitución de 1980 haya obedecido a una mera idea refundacional, así como que haya recogido principalmente ideas foráneas, como parece sugerir el columnista. Aunque la nueva institucionalidad produjo un cambio medular en el rol del Estado, no puede marginarse el hecho de que la Constitución fue diseñada en un contexto de guerra fría y que Jaime Guzmán y el régimen militar buscaban mantener elementos de nuestras tradiciones en ella, como el presidencialismo o la chilenidad. Incluso el Principio de Subsidiariedad había sido parte de la discusión pública en nuestro país desde que apareció en las encíclicas y, por lo mismo, su aplicación responde y se hace cargo de la realidad que vivía nuestro país.
Tampoco, a nuestro juicio, Jaime Guzmán pretendió crear un diseño social desde la verticalidad. Al contrario, el espíritu de los contenidos del nuevo marco institucional, así como el que se plasmó en todo su derrotero público, reconoce una noción ontológica del ser humano que permite comprender el orden social, junto con el reconocimiento de sus derechos y el respeto a su dignidad. Es decir, la Constitución pretendía reconocer un orden social sustentado en una antropología que lo hace posible.
Con todo, compartimos que la “aspiración de crear un orden social a partir de un ejercicio normativo resulta de una timidez casi infantil”. Pretender que en pleno siglo XXI, en medio de un tiempo caleidoscópico empujado por nuevas formas de comunicación y asociatividad, se podría petrificar un “nuevo paradigma de convivencia” que abarque desde el lenguaje hasta la arquitectura del poder, resulta ingenuo y voluntarista.
