Por Jorge Jaraquemada
El Líbero, 14 de septiembre 2024
Partía octubre de 2020 y, como era de esperar al acercarse el primer aniversario del llamado estallido, los desórdenes, violencia y vandalismo se tomaban otra tarde en la plaza Italia. Los locatarios y vecinos volvían a sufrir los destrozos que deterioraban las calles y devaluaban sus propiedades. A esas alturas, después que grupos de izquierda habían amedrentado a militares, apoyado explícitamente la violencia -en la calle, en las redes sociales y mediante obstrucciones legislativas y acusaciones constitucionales- el trabajo de Carabineros en contra de la anomia que amenazaba el Estado de Derecho contaba con muy poco apoyo.
En ese ambiente, un adolescente que protestaba y enfrentaba a la policía, con su rostro embozado, cayó al río Mapocho desde el puente Pío Nono cuando un carabinero intentó tomarlo detenido. Las reacciones no tardaron y sirven -con la distancia de los años- para ilustrar el delirio y soberbia de la izquierda que estuvo dispuesta a estirar la crisis social hasta el extremo en la medida que el péndulo favorecía sus afanes refundacionales.
La ahora vocera de gobierno, Camila Vallejo -la misma que ha levantado una cruzada contra las fake news en nombre de la democracia- tildaba lo ocurrido de “¡CRIMINAL! Joven d Puente Alto está GRAVE porq un carabinero lo lanzó al Mapocho”. El entonces diputado Boric lo definía como “un intento de asesinato” y acusaba que “quienes lo hicieron son criminales”. El Colegio de Periodistas denunciaba que un “niño de 16 años fue lanzado por Carabineros al rio #Mapocho”. Parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio presentaron querellas contra el cabo Sebastián Zamora afirmando que hubo intención de causar la muerte al adolescente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez se sumaron entusiastas a la fiscal Chong para acusar y buscar condenar al joven policía imputado de apremios ilegítimos y homicidio frustrado. Zamora pasó meses en prisión y fue dado de baja.
Mientras el prestigio de Carabineros languidecía -con el consiguiente impacto negativo en la mantención del orden público- los derechos constitucionales del cabo Zamora eran vulnerados por instituciones que nacieron precisamente para defenderlos. Con el correr del tiempo, y a pesar de los denodados esfuerzos del Ministerio Público por buscar su condena, apoyado por un coro siempre listo de organismos estales, parlamentarios y periodistas, el caso fue girando hacia la inocencia del joven uniformado. Las pericias demostraron que, lejos de intentar causar daño al joven que perseguía, el policía trató de evitar que cayera del puente. Su acción no había sido guiada por el propósito abyecto que le atribuían sus acusadores. La resolución del tribunal fue unánime en absolverlo de todos los cargos. Así de claro y concluyente. Y la reacción del cabo fue la de una conciencia humilde y sin rencores, y manifestó su anhelo de reincorporarse a su institución.
Sin embargo, a pesar de que la hipótesis de la fiscalía fue abatida contundentemente, hasta hoy, sus acusadores han hecho como como si nada hubiera pasado, como si la verdad judicial no significara mucho o no los interpelara directamente, como si no tuvieran una deuda moral con el cabo absuelto. No hubo disculpas del Colegio de Periodistas ni de la Defensoría de la Niñez, tampoco del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Presidente de la República no ha reaccionado. Es más, la ministra vocera descartó disculparse, señalando: “El gobierno tiene un respeto por las instituciones y el resto no corresponde”. Curiosa respuesta cuando Boric recién venía de comentar, imprudentemente, una medida cautelar de los tribunales en el caso audio.
Cabe entonces preguntarse ¿por qué instituciones que se supone que existen para incomodar al poder y trabajar por la verdad y la justicia -como es el caso de la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas- no reparan sus injustas e injuriosas acusaciones? ¿Qué explica que instituciones que existen para resguardar nuestros derechos fundamentales y particularmente los de los más débiles no se pronuncien sobre su propio actuar sesgado y precipitado? ¿Cómo se entiende que el mismo Presidente, que se alegra porque un todopoderoso tiene que asumir su responsabilidad como cualquier otro ciudadano, ahora mire para el lado, casi amnésicamente, frente a sus dichos y acciones pasadas?
Con el paso de los días la razón se vuelve tristemente más evidente: no les importa porque, claro, da lo mismo humillar a un cabo. Les sale gratis. Los acusadores del cabo Sebastián Zamora, refugiados en instituciones estatales y gremiales, se han comportado con la soberbia de aquellos que, estando en el poder, se protegen en su fuero y tras esos muros imaginarios que el poder les brinda. La conclusión está a la vista, si uno es lo que hace, entonces ellos han actuado como todopoderosos.
