Por Hernán Larraín F. y Tamara Taraciuk B.
El Mercurio, 13 de noviembre 2024
A primera vista, la tarea central del empresariado es desarrollar una actividad productiva que permita obtener rentabilidades por el esfuerzo, trabajo y recursos invertidos. Para su éxito, se requiere creatividad e ingenio, liderazgo, visión y adaptabilidad a escenarios cambiantes.
Sin embargo, lo anterior no es suficiente, pues la acción del sector privado se enmarca en un contexto social y político que no puede ignorar. Cuando existe inestabilidad institucional, corrupción generalizada, altos niveles de criminalidad y violencia, polarización y fragmentación del debate público, resulta difícil pensar en que va a prosperar y tener éxito la actividad empresarial, como si ella fuera una isla que puede prescindir de lo que la rodea.
Los países latinoamericanos atraviesan serias dificultades en estos aspectos que, lamentablemente, Chile también experimenta. El “caso Hermosilla”, que evidenció cómo las élites habrían influido en el sistema judicial para su beneficio, es una clara demostración de ello. No es casual que, de acuerdo con el índice del Estado de Derecho de la organización civil World Justice Project, Chile haya registrado un deterioro en dos indicadores clave. El país, desde 2015 pasó del puesto 23 al 28 en la medición de ausencia de corrupción, que evalúa la existencia de sobornos, influencia indebida por intereses públicos o privados, y la malversación de fondos públicos u otros recursos. Chile, además, pasó del puesto 32 al 41 en la medición de calidad de la justicia civil, que evalúa si estos sistemas judiciales son accesibles y asequibles, y si están libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por funcionarios públicos.
Si bien en una democracia la tarea de gobernar y dirigir el país radica en las autoridades que su ordenamiento constitucional establece, los y las líderes empresariales y los gremios que los representan no pueden permanecer indiferentes a los desafíos que plantean la corrupción, la fragilidad de las instituciones democráticas y la violencia. No se trata solamente de generar condiciones más favorables para invertir y operar; la necesidad de recuperación económica exige de una colaboración extraordinaria del mundo privado para obtener niveles de vida dignos, erradicar la pobreza y la desigualdad, y poder mirar el futuro con esperanza.
En este ámbito es particularmente importante fomentar alianzas público/privadas, que trasciendan las medidas del gobierno de turno y posiciones ideológicas, siempre manteniendo el espacio de competencias que le es propio a cada uno. Así, problemas complejos de diversa índole pueden ser abordados con mirada de Estado, más allá de la contingencia propia de la coyuntura o de quienes gobiernen o estén en la oposición: la naturaleza del problema y la oportunidad de su solución no solo requiere de todos los sectores, sino que también de tiempos que van más allá de un período de gobierno.
Con el propósito de cooperar en esa finalidad, el Diálogo Interamericano ha promovido debates y estudios a través de un Grupo de Trabajo que incorpora a líderes empresariales de América Latina, Chile incluido, que impulsa iniciativas concretas conducentes a conformar un sector privado cooperador y comprometido en fortalecer el Estado de Derecho en la región. Ello implica involucrarse activamente en temas de autorregulación, compliance y medidas anticorrupción a nivel empresarial; independencia y transparencia judicial; regulación del dinero en política; integridad pública y anticorrupción en un proceso de modernización del Estado; educación ciudadana y ética pública; y un mejor entendimiento del costo que tiene la inseguridad y la corrupción para un país.
Chile ha sido modelo en el avance de ciertas discusiones públicas que fueron muy importantes para la institucionalidad democrática en el país, y un modelo para la región, como por ejemplo en materia de reducción de la pobreza, que habría bajado de un 38,6% a un 6,5% entre 1990 y 2022, de acuerdo con la encuesta Casen. A su vez, sucesivos escándalos y crisis políticas dieron lugar a iniciativas de gobiernos de diverso signo partidario que aceleraron cambios positivos en temas de integridad, transparencia y de financiamiento político. En varios de estos esfuerzos, el sector privado jugó un papel importante.
Hoy en día, es fundamental que el mundo privado que quiere distanciarse de los escándalos de corrupción que dominan la discusión pública haga un esfuerzo mayor para contribuir a revertir retrocesos en materia de corrupción, criminalidad y justicia. Este aporte no implica dejar de cumplir con su misión particular; por el contrario, es una manera de contribuir a un mejor clima para hacer negocios que, a su vez, aporta a una institucionalidad más fuerte, que es fundamental en un contexto regional de declive democrático.
