Jueves 6 de noviembre de 2014.- Ayer, en la Comisión de Educación y Constitución de la cámara alta, los asesores legislativos de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Barrera y Héctor Mery, expusieron sus ideas, respectivamente. Los proyectos tratados fueron la Reforma Educacional y el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP).
Héctor Mery presentó los argumentos que responden al por qué el AVP no es una buena forma de legislar sobre las diferencias sexuales. “Que el contrato exista hasta que una de las partes quiera es un desmentido total a la voluntad de contraer obligaciones, es un premio al egoísmo y un desprecio total por el otro contratante”, afirmó Mery. Y respaldó lo anterior sobre tres ideas: que los afectos son ajenos a la ley, que el AVP se disfraza de matrimonio y que el AVP termina cuando a una de las partes se le antoja.
La Comisión Constitucional continuó oyendo al abogado quién consideró que la ley civil no debe configurar los modelos de familia. “En estas materias, es preferible que el Estado no se meta. Hay instituciones, como el matrimonio y la familia, que están por encima del afán de poner término a toda discriminación”, señaló. A su juicio el trato igualitario a todos con dignidad no implica ver en el matrimonio entre personas de distintos sexo una ofensa a la igualdad. “La verdadera discusión aquí es el matrimonio homosexual y en vez de ese debate, se nos presenta un enlatado de jurel tipo salmón”, concluyó en su defensa.
Por su parte, Jorge Barrera, explicó por qué la Reforma Educacional era un mal proyecto. Consideró que poner fin a la selección por mérito y reemplazarlo a través de una tómbola, cambia “el esfuerzo y las habilidades personales por el azar o la suerte”. Afirmó también, que el término al copago, no va a impedir nunca que los padres quieran seguir aportando a la educación de sus hijos, porque terminarán contratando de igual forma clases particulares, pre universitario, etc.
Por último se refirió al fin al lucro que pretende poner el nuevo proyecto educacional y dijo: “ Más allá de estar en contra de terminar con éste. El problema se genera por la forma en que el proyecto quiere realizarlo, ya lo hace a través de fines educativos, aniquilando, finalmente, la libertad de enseñanza”.
Según el abogado, Jorge Barrera, la recepción de la comisión de Educación del Senado, especialmente del sector del oficialismo, fue bastante buena y profesional “A pesar de las diferencias de principios que existen, comentaron que los argumentos fueron consistentes y valoraron la visión jurídica que se les entregó”, señaló Barrera.
