Con todos los cambios que se introdujeron a la regulación constitucional por parte de la Comisión de Expertos y el Consejo Constitucional, surgieron dudas de si, como en la Convención pasada, se fortalecía al Estado en su faceta empresarial. La verdad es que, en general, la regulación de la actividad estatal en la economía en el texto constitucional propuesto sigue la misma línea de la Constitución actual, que es restringirla, pero no prohibirla. A grandes rasgos, se establece un Estado empresario regulado, que, si es que logra superar la barrera de entrada para crear empresas, debe competir en igualdad de competencia con los privados.
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