El debate constitucional sobre el régimen de las aguas se ha dado en el contexto de una larga y sostenida escasez hídrica. La propuesta sobre esta materia que fue impulsada en el proceso anterior -el de la Convención Constitucional– estuvo signada por un énfasis expropiatorio que ponía fin a los tradicionales derechos de aprovechamiento de agua para reemplazarlos por la entrega de meros permisos administrativos caracterizados por su precariedad.
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