Fundación Jaime Guzmán

Pocos días atrás el pleno del Consejo Constitucional aprobó el derecho a la seguridad social. La norma inicia señalando que el Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes para resguardar a las personas de la vejez y otras contingencias, a través de instituciones públicas o privadas.

La semana pasada el Gobierno inició una campaña de información y promoción de su proyecto de reforma de pensiones presentado hace casi un año.

Al gobierno aún le quedan dos años y ya ha sufrido contundentes e históricas derrotas electorales, además de varios fracasos políticos.

Un ámbito donde la Comisión de Expertos del proceso constitucional tuvo un acercamiento muy innovador fue en la regulación y estructura del poder judicial. Esto no es menor, pues desde el siglo XIX que dicho sistema no ha tenido modificaciones relevantes.

La intervención militar fue provocada por el colapso de la democracia al que nos precipitó el propio gobierno de la UP. Por eso, antes de ser derrocado, ese gobierno ya había fracasado. Pero el debate en torno a las responsabilidades ha estado dominado, por mucho tiempo, por sectores que suelen enfatizar los hechos posteriores para anclarse sólo en las incuestionables y graves violaciones a los derechos humanos, como si el desenlace del 11 de septiembre fuera un acontecimiento desvinculado del contexto que lo antecedió.

Se le hizo cuesta arriba a este gobierno conmemorar cinco décadas de una fecha tan controversial como el 11 de septiembre de 1973, por lo que significó para el país, para los diferentes sectores en pugna en esa época y, en general, para todos quienes les tocó vivirlo.