El proyecto de ley de Firma Electrónica Avanzada fue ingresado al Congreso a mediados de 2012. Aparentemente gestiones del gremio notarial, con fuerte influencia parlamentaria, han prolongado en exceso su tramitación. El proyecto contempla cambios indispensables para la conversión digital de trámites que hoy deben realizarse presencialmente. Su objetivo es masificar el uso de la firma electrónica avanzada, que existe desde 2002, levantando barreras que han impedido aprovechar su potencial y, de esta manera, promover la competitividad, transparencia e innovación en el mercado de los prestadores de servicios de certificación.
En concreto, generaría un impacto positivo en el bienestar de los usuarios del sistema notarial, particularmente personas naturales y Pymes, a través de precios más competitivos, mejoramiento de la cobertura para la realización de trámites y ahorro de desplazamientos al eliminar barreras geográficas. Además, facilitaría el acceso a la información y aumentaría la seguridad de documentos y trámites. Un dato decidor: según la Fiscalía Nacional Económica, su implementación implicaría un ahorro de entre 50 y 60 millones de dólares anuales para los usuarios de notarías.
Tras la aceleración de la transformación digital que estimuló la crisis sanitaria, su aprobación resulta aún más urgente. La pandemia hizo más apremiante la necesidad de avanzar en la digitalización de trámites que permitan la obtención de documentos de forma remota. Además de los beneficios económicos señalados, este proyecto traería beneficios sociales asociados a la disminución del riesgo de contagio y a la promoción de métodos amigables con el medio ambiente.
Sus críticos señalan que no todos los habitantes del país tienen acceso a internet para realizar trámites digitalmente, por lo que la iniciativa sería discriminatoria y agudizaría la desigualdad. Ramplonerías. La realidad indica que la cobertura notarial (92% de la población cuenta con notaría en su comuna) es menor a la penetración de internet en Chile (98% de la población tiene acceso), por lo que esta medida no disminuiría sino que, por el contrario, ampliaría la cobertura para diligenciar un trámite. El desafío es otro: incorporar al segmento de la población que aún no tiene acceso a la tecnología y no privar a todos de sus beneficios.
Chile camina a convertirse en un país digital, donde las tecnologías faciliten la interacción entre ciudadanos, empresas y el Estado. Este proyecto de ley resuelve una necesidad de las personas y es un alivio -económico y social- directo para millones de chilenos, pone fin a un monopolio notarial que no se justifica y aprovecha los avances que ha experimentado la tecnología para generar competencia y garantizar el mantenimiento de la fe pública.
