Daniela Carrasco, 16 de agosto de 2021
El viernes 13 de agosto, la Comisión de “Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación Integral y de Garantías de No Repetición” de la Convención Constitucional chilena, aprobó censurar las audiencias a fundaciones y centros de pensamiento de la derecha chilena, como también a sus convencionales. Estas decisiones arbitrarias son un grave atentado contra la libertad de expresión, la que se justificaría tras la aprobación de vetar los ―supuestos― discursos de odio y negacionistas, el pasado 31 de julio. Esta tiránica acción es una clara demostración de cómo la cultura de la cancelación, empujada por las izquierdas, es ya una praxis válida desde la institucionalidad.
En las comisiones de la Convención Constitucional (CC) se aceptan las intervenciones y audiencias de las distintas organizaciones de la sociedad civil, con el fin de que todas las miradas estén en las discusiones y así, sea posible escribir una “casa común para todos” reflejada en una nueva Constitución. Pero, en un mes y medio de ejercicio no se ha escrito ni un solo artículo, sino más bien la CC se ha instalado como un órgano político que se ha declarado a favor de liberar a los supuestos presos políticos desde el 18-O, y también ha empujado medidas totalmente censuradoras que atentan contra todo valor democrático.
Esto fue lo que ocurrió el viernes pasado, pues fundaciones y ONG ligadas a la derecha política chilena fueron marginadas y excluidas de la discusión constitucional. La Fundación Jaime Guzmán (relacionada a la UDI), el movimiento Acción Republicana y la Fundación Cuide Chile (ambas ligadas al Partido Republicano) fueron víctimas de censura, por lo que no podrán participar, de momento, de las audiencias en las distintas comisiones.
Tras estos hechos, rápidamente las convencionales Marcela Cubillos y Teresa Marinovic denunciaron esta inicua decisión señalando que hay una evidente censura en torno a las ideas de las derechas. Por ello, no descartan demandas a nivel internacional por “violaciones a las garantías democráticas”.
Asimismo, el director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán (FJG), Jorge Jaraquemada, sostiene en una carta al director de El Mercurio (14 agosto), que “nos hacen víctimas de una acusación de negacionismo y la fundación no se dedica a negar, se dedica a afirmar ideas, principios, las convicciones que defiende”. Además, agrega que “el nivel de intolerancia, de cancelación del pensamiento distinto atenta contra un elemento básico de cualquier democracia que es la libertad de expresión”.
Por su parte, la Fundación Cuide Chile expresa en una declaración pública que en ningún momento se ha explicado en qué consiste la cláusula de negacionismo. Igualmente, explicita que su misión es “la defensa de la familia como fundamento de la sociedad y la promoción de los derechos fundamentales que emanan de la dignidad humana”. Añaden que es una manera de castigarlos “por haberles recordado el fin para el que fueron elegidos (los convencionales) y porque no quieren oír a quienes no pensamos como ellos”.
Igualmente, el movimiento Acción Republicana repudió la censura en un comunicado en el que expresa que han “sido acusados injustamente de “negacionistas”, concepto absolutamente carente de contenido y que solo se utiliza como una pobre excusa para excluir a quienes pensamos de una manera y que defendemos con convicción nuestras ideas”.
Estas acciones censuradoras se suman al veto que sufrió el convencional Jorge Arancibia a quien se le negó participar en la comisión de DD.HH. por haber sido edecán del general Augusto Pinochet y almirante de la Armada chilena. Este voto político (aprobado por 10 convencionales, 3 abstenciones y 2 votos en contra) fue el resultado de la reprensión que hizo la convencional constituyente Francisca Linconao ―electa por cupo indígena― quien señaló que la presencia del exuniformado en la comisión le genera “un dolor en el alma” y que “sería una provocación”.
En consecuencia, Jorge Arancibia indicó en un reportaje del Diario El Mercurio (15 de agosto), que adoptará “las acciones legales y disciplinarias que permitan retomar el estado de derecho en los procesos constitucionales”. Además, que no tiene la intención de dejar la comisión de DD.HH., pues tiene una “responsabilidad de representar a quienes confiaron” en él. En esta misma línea, la Fundación Jaime Guzmán no descarta tomar acciones legales, pues evalúa levantar un recurso de protección o recurrir a la Ley Zamudio (que busca tomar acciones contra la discriminación).
Con todo lo anterior, la censura en la Convención Constitucional no nos debe sorprender, pues es sintomático de lo que ocurre en la sociedad chilena explícitamente desde el 18-O. La polarización empujada por las izquierdas radicales nos ha alejado de una sana democracia que nos permita dialogar en las mismas claves.
Contra todo sentido común, defender en la actualidad los valores de la vida, la familia, la democracia y la libertad con fuertes convicciones es sumamente impopular en una marea de populismo y demagogia. Lo más grave no es solo que se rechace a quien piense distinto, sino que además se le cancela en la esfera pública. Esto implica alejarse de que todas las posiciones puedan vivir respetuosamente en la diferencia.
Mientras existan derechas que se conserven firmes en sus convicciones y no se dejen amedrentar aún hay esperanza de que Chile recupere una sana democracia y el orden institucional. No obstante, el proceso constituyente está en curso, y por su origen insurreccional y subversivo, no hay suficientes garantías.
