Comparado con el resto de los países de la región, Chile no presenta una corrupción generalizada o sistémica, aunque desde el año 2002 ha venido deteriorando su posición en los rankings internacionales. No obstante, preocupa la reiteración de casos en las últimas dos décadas. El Estado ha enfrentado el tema desde una perspectiva institucional acertada, pero aún quedan temas pendientes. En concreto, reforzar el accountability de la administración pública, desmantelar la regulación sin justificación técnica que amplía la discrecionalidad funcionaria, extender la profesionalización de la burocracia estatal premiando sus méritos e imponer mayores estándares de transparencia a las empresas públicas y someterlas a gobiernos corporativos que mejoren su eficiencia.
