Del trabajo de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional surgen normas que nutrirán algunos de sus más importantes capítulos: el de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el de Buen Gobierno y Función Pública, el de Participación Democrática y el de Principios Constitucionales.
Lamentablemente, en su trabajo se manifestaron los mismos vicios que en el resto de la Convención: el ánimo refundacional, la soberbia y el desprecio por las recomendaciones de los expertos fueron caldo de cultivo para construir un régimen político que es un verdadero experimento institucional, con evidentes desequilibrios en la distribución del poder.
La eliminación del Senado fue el primer gran objetivo de la mayoría, conducida por el Partido Comunista y el Frente Amplio, en su arremetida por plasmar en el nuevo texto constitucional un órgano legislativo lo más similar posible a la misma Convención. Si bien su idea original de tener un Congreso unicameral terminó siendo desechada, puede decirse que quedamos con un unicameralismo “de facto”, dado el gran desequilibrio que quedó entre el Congreso de Diputados y la nueva Cámara de las Regiones. Esta concentración de poder —incluso a costa del Presidente de la República— es uno de los elementos más críticos de la propuesta de nueva Constitución.
A esto se suman otras preocupantes cuestiones: un texto que consagra como principios del sistema político y electoral privilegios a ciertos grupos por sobre otros, que afecta gravemente principios como la igualdad del voto y la igualdad ante la ley, y que impone —desconociendo el debate legislativo— el voto para los menores de edad.
