Opinión

La última edición de la revista «Time» estuvo dedicada a las 100 personas más influyentes del mundo del último año, de las cuales, Gabriel Boric fue el único chileno destacado. La reseña estuvo a cargo del economista izquierdista y keynesiano Joseph Stiglitz, quien sostuvo que su triunfo “marcó un cambio de dirección para la economía de Chile y posiblemente del mundo”.

La agenda indigenista finalmente se tomó la Convención Constitucional. Sus promotores fueron más eficaces que quienes promovieron una carta ecológica, la que se malogró en el último pleno. Las mayorías radicales que hegemonizan la Convención optaron por el camino del sectarismo y los privilegios, lejos del propósito del mandato que se les otorgó. La propuesta define a Chile como un Estado plurinacional.

En suma, la propuesta de nueva Constitución ya está definida y, a juicio nuestro, presenta riesgos graves para nuestra democracia, toda vez que contraviene principios medulares que debieran inspirar a toda carta magna, como son la igualdad ante la ley, la propiedad, la libertad, la vida. Veamos.

El pasado lunes 16 de mayo, el colectivo chileno Yeguada Latinoamericana hizo una serie de performances post-pornográficos en el frontis de la Iglesia de la Virgen de la Luz y de la Catedral de Cuenca. Semidesnudas y con colas de caballo que cuelgan de su ropa interior, las feministas buscaron trastocar la imagen de la Virgen María, a través de una puesta en escena transgresora.

No cabe duda de que el proceso constituyente chileno ha tomado banderas radicales. Se han aprobado artículos que debilitan la independencia del Poder Judicial, la propiedad privada, el necesario contrapeso entre el parlamento y el presidente, otros que -desde un indigenismo extremo- dividirán más al país y acumularán incertidumbre a la vez que ahuyentarán las inversiones.

Hace unos días sucedió el incidente más bochornoso de los varios que ha brindado el tortuoso derrotero transitado por la Convención Constitucional. El Pleno rechazó completamente el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico y, como respuesta, los “colectivos” que propician una Eco-Constitución, sin pudor ni vergüenza, denunciaron a los constituyentes socialistas de haberlos traicionado y dieron a conocer sus nombres uno a uno ante la prensa para que respondieran de su decisión.

Bajo el eslogan de «Sistema de Salud Universal» el Gobierno y la Convención Constitucional intentan impulsar, una vez más, una agenda en que prima la ideología por sobre la salud de las personas.

Desde octubre de 2019, los niveles de conflictividad política en Chile han ido escalando dramáticamente. Y si bien, en los dos años de pandemia se vio un supuesto “suspenso”, la intensidad del conflicto no ha declinado.

Que aún no está el texto final, que debemos confiar en que se llegará a acuerdos entre los diferentes ‘colectivos’, que cualquier texto sería mejor que una Constitución escrita por cuatro generales, que la gente está mal informada, que se debe comunicar mejor el trabajo que llevan a cabo los constituyentes, que, en fin, las causas del desprestigio en que ha caído la Convención Constitucional son absolutamente exógenas a ella. Detrás de todas estas justificaciones se encuentra una realidad cada vez más evidente: la Convención fracasó.

A fines de 2019, promesa fue que con una nueva Constitución se superarían los conflictos, habría paz y se construiría la «casa de todos». Dos años después, esa promesa se ha derrumbado.

En el reciente viaje presencial a Argentina, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se reunió con su par trasandina para firmar el primer acuerdo entre ambos países: un “Memorándum de entendimiento de cooperación en materia de género y diversidad”.

La semana pasada, el Pleno de la Convención aprobó que “Los sitios de memoria y memoriales serán objeto de especial protección, asegurando su preservación y sostenibilidad”.

Resulta al menos contradictorio que en un gobierno “autodenominado feminista» sus miembros descarguen contenido que, según su propia narrativa, “mercantiliza» los cuerpos femeninos.

Si algún ministro o ministra del Interior -en cualquier parte del mundo- denunciara, sin pruebas y falsamente, delitos gravísimos que jamás existieron, no solo sería portada de periódicos, sino que además debería renunciar. No se puede gobernar pidiendo semanalmente disculpas.