Opinión

La semana pasada el Gobierno inició una campaña de información y promoción de su proyecto de reforma de pensiones presentado hace casi un año.

Al gobierno aún le quedan dos años y ya ha sufrido contundentes e históricas derrotas electorales, además de varios fracasos políticos.

Un ámbito donde la Comisión de Expertos del proceso constitucional tuvo un acercamiento muy innovador fue en la regulación y estructura del poder judicial. Esto no es menor, pues desde el siglo XIX que dicho sistema no ha tenido modificaciones relevantes.

La intervención militar fue provocada por el colapso de la democracia al que nos precipitó el propio gobierno de la UP. Por eso, antes de ser derrocado, ese gobierno ya había fracasado. Pero el debate en torno a las responsabilidades ha estado dominado, por mucho tiempo, por sectores que suelen enfatizar los hechos posteriores para anclarse sólo en las incuestionables y graves violaciones a los derechos humanos, como si el desenlace del 11 de septiembre fuera un acontecimiento desvinculado del contexto que lo antecedió.

Se le hizo cuesta arriba a este gobierno conmemorar cinco décadas de una fecha tan controversial como el 11 de septiembre de 1973, por lo que significó para el país, para los diferentes sectores en pugna en esa época y, en general, para todos quienes les tocó vivirlo.

El debate constitucional sobre el régimen de las aguas se ha dado en el contexto de una larga y sostenida escasez hídrica. La propuesta sobre esta materia que fue impulsada en el proceso anterior -el de la Convención Constitucional– estuvo signada por un énfasis expropiatorio que ponía fin a los tradicionales derechos de aprovechamiento de agua para reemplazarlos por la entrega de meros permisos administrativos caracterizados por su precariedad.

Por Jorge Jaraquemada Publicado en El Líbero, 5 de agosto de 2023 Entre los problemas actuales que el proceso constitucional enfrenta hay uno central -particularmente dada la definición de que Chile será un Estado social y democrático de derecho-, cual

Durante su gira por Europa —mientras en el país conocíamos del inusual robo sufrido por el ministerio que encabeza Jackson en medio de la investigación judicial del Caso Convenios—, el presidente realizó varias intervenciones públicas. Unas más felices que otras. Con relación a Chile, resultan de interés dos temas.

Una de las materias más importantes en las cuales se expresa el principio de servicialidad del Estado -es decir, aquel que señala que el Estado está al servicio de la persona humana- es la protección de la vida del que está por nacer, como manifestación del derecho a la vida.

La izquierda intenta proyectar su actual espíritu socialdemócrata al socialismo previo a 1973. Pero en esos días estaba embelesado con la Revolución Cubana y sus posiciones eran tajantes.

Resulta inevitable por estos días referirse al denominado “caso convenios” debido al fuerte impacto público que ha tenido y a sus, por ahora, imprevisibles consecuencias. Lo que sí, a mi juicio, pudo evitarse son las circunstancias que rodean este caso y que hicieron posible que se asignaran ingentes recursos fiscales a entidades colaboradoras que los destinaron a un uso aun no esclarecido.

La creación vía decreto supremo de una “Comisión Asesora contra la Desinformación”, sin duda levanta preocupaciones.

El presidente y sus amigos no eran ni inmaculados ni mejores políticos. No nos han salvado de nada, ni nos han sacado de ninguna de las crisis que arrastramos.

Una notoria novedad del anteproyecto constitucional de la Comisión de Expertos es la inclusión de un catálogo de deberes que obliga a todos por igual. Consagrar deberes a nivel constitucional puede contribuir a lograr un equilibrio más apropiado en un contexto en que el debate se encuentra dominado por los derechos.