Opinión

Reivindicar la legitimidad del 11 de septiembre de 1973 o impugnar las credenciales democráticas del expresidente Allende es similar a agitar un avispero.

Desde que Gabriel Boric asumió el gobierno, en marzo de 2022, la crisis de inseguridad en Chile se ha venido descontrolando paulatina, pero persistentemente. Sin duda, no fue su gobierno el punto de partida de esta crisis […] pero sí fueron él y sus huestes quienes contribuyeron a depreciar la legitimidad de la que gozaban las fuerzas policiales antes de estos eventos.

Las cuatro subcomisiones de la Comisión Experta acaban de terminar de elaborar el borrador de anteproyecto constitucional que ahora deberá someterse al pleno de dicha comisión para su aprobación o enmienda. El texto que en definitiva resulte de esta instancia luego pasará a la deliberación del recientemente electo Consejo Constitucional.

Chile hoy es un país completamente diferente al que era hasta octubre de 2019. Si entonces las principales demandas apuntaban a mejorar la educación, la salud y las pensiones, actualmente han sido desplazadas por la necesidad de restaurar la seguridad y el orden público.

Por mucho que se haya escrito, y a pesar de la contundencia de la evidencia teórica y práctica, la legitimidad del rol subsidiario del Estado sigue siendo discutida en el actual debate constituyente.

“Voto que no”. Esta frase, breve y categórica, del senador Jaime Guzmán Errázuriz, fue pronunciada en su discurso del 23 de marzo de 1991 en el Congreso, para manifestar el rechazo de la UDI a la reforma que permitía al presidente de la República indultar a personas condenadas por delitos terroristas.

El 1 de abril se cumplen 32 años del vil asesinato de Jaime Guzmán, cometido en los albores de la recuperación de la democracia por un comando terrorista. Desde su muerte, durante el ciclo de la llamada “democracia de los acuerdos”, se sucedieron múltiples reformas a la Constitución de 1980 que Jaime colaboró protagónicamente a redactar.

En estas tres décadas han surgido voces que le atribuyen una concepción restrictiva de la subsidiariedad constreñida mayormente a su ámbito negativo (el Estado debe abstenerse de intervenir) y, derivan de ello, que su aplicación práctica en Chile fue a la usanza liberal, es decir, favoreciendo que el Estado se reste de toda injerencia en los ámbitos económico y social.

En los albores del segundo proceso constitucional ha tomado relevancia la discusión de los contenidos del nuevo texto. Es menester recordar que no llegamos a esta instancia por la fractura que estalló el 18 de octubre de 2019, ni tampoco por la marcha de la semana siguiente, donde la demanda de una nueva Constitución estuvo casi ausente, pero sí dio una inesperada plataforma política a las elites de izquierda.

En columna del martes, Hugo Herrera atribuye a Jaime Guzmán una visión exclusivamente negativa de la subsidiariedad que se traduciría en abstención estatal. Una crítica que inició el jesuita Pierre Bigó -en revista Mensaje de 1979- y que otros han continuado sucesivamente.

Compartimos la premisa implícita en la entrevista del fin de semana al subsecretario Monsalve publicada ayer: “Uno es lo que hace, más que lo que dice”. Por lo mismo, cuesta entender que quienes se declararon “perros guardianes contra la delincuencia” antes hayan apoyado efervescentemente la figura del perro “matapacos”.